La detención de Carles Puigdemont en Cerdeña, debido a un viaje del ex president de la Generalitat a la localidad italiana, ha provocado un rápido torbellino de reacciones.
Por un lado, el bloque independentista al completo ha salido a las calles catalanas este viernes para exigir, de forma inmediata, la liberación del fugado de Waterloo, a través de distintas manifestaciones y discursos de los principales líderes secesionistas en las redes sociales y ante los medios de comunicación.
Por otro lado, los principales grupos de la oposición, con Vox, PP y Ciudadanos a la cabeza, han exigido a Pedro Sánchez que deje trabajar a la Justicia, y que Carles Puigdemont acabe siendo juzgado, después de cuatro años de espera, en los tribunales españoles.
Exigencias que han hecho que el Ejecutivo socialista se pronuncie, pocas horas después de conocerse el arresto del independentista, con un discurso que parece convencer a todos, o a casi todos, explicando así el Gobierno nacional que la detención de Puigdemont "obedece a un procedimiento judicial en curso que aplica a cualquier ciudadano de la Unión Europea, que debe responder de sus actos ante los tribunales".
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"Puigdemont debe someterse a la acción de la Justicia, exactamente igual que cualquier otro ciudadano" han defendido, asegurando que el Ejecutivo tiene un máximo "respeto" hacia las decisiones de los tribunales italianos, "al igual que siempre lo ha hecho con los tribunales españoles y europeos que han dictado resoluciones en los procedimientos judiciales que afectan al señor Puigdemont".
Junqueras afirma que la mesa de diálogo está en riesgo
Del mismo modo, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha querido responder públicamente a las acusaciones del abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, que ha asegurado que había policías españoles durante la detención del fugado de Waterloo.
"No había ninguna autoridad española, es una actuación de las autoridades italianas en cumplimiento de unas obligaciones internacionales" ha asegurado el ministro socialista, tal y como destaca Europa Press.
Explicaciones que no parecen ser suficientes para los independentistas catalanes quienes, tanto desde JxCat como desde ERC, han cuestionado la continuidad de la mesa de diálogo, tras la detención de Puigdemont y a la espera de la reacción española ante el suceso.
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Así pues, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado ante los micrófonos de Rac1 que está "en peligro" la mesa de diálogo, confirmando que el sector independentista está "escéptico" con la situación, aunque ha evitado hablar de ruptura total a estas alturas. Una amenaza que ha repetido también el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha exigido la inmediata puesta en libertad de Puigdemont.
"Es evidente que esta situación no ayuda a la resolución del conflicto" ha advertido, insistiendo en la necesidad de que el Gobierno de España aplique una "amnistía" generalizada a "todos los presos políticos, exiliados y represaliados en esta causa general contra el independentismo".