El Gobierno responde a la petición de amnistía para los presos golpistas

  • Cataluña
  • 09-12-2020 | 21:12
  • Escribe: Gonzalo Palacios

JxCat, ERC y CUP proponen que el Parlament pida al Congreso aprobar una ley de amnistía para todos los actos desde 2013 y el Gobierno contesta que la amnistía "no cabe en la Constitución"·


JxCat, ERC y la CUP han registrado este miércoles una propuesta de resolución conjunta en el Parlamento catalán que busca que la Cámara catalana pida al Congreso la aprobación de una ley de amnistía "por todos los actos de intencionalidad política vinculados a la lucha democrática por la autodeterminación de Cataluña" desde el 1 de enero de 2013.

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El texto de la propuesta defiende que la amnistía debe conllevar la "extinción de cualquier tipo de responsabilidad penal y administrativa, incluida la del Tribunal de Cuentas, por todos los actos de intencionalidad política vinculados a la lucha democrática por la autodeterminación de Cataluña, cualquiera que fuera su resultado, tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa".

La iniciativa señala que la ley de amnistía "debe partir de entender como intencionalidad política cualquier hecho vinculado a la lucha democrática por la autodeterminación de Cataluña o a los hechos derivados de la crítica de la actuación de las autoridades gobernativas o jurisdiccionales que hubieran sido perseguidos penalmente o administrativa desde el 1 de enero de 2013".


En este sentido, detalla los delitos que debería incluir: rebelión y sedición; malversación de caudales públicos cuando esté en concurso con el delito de sedición, y los delitos de prevaricación, falsedad, malversación de caudales públicos, desobediencia o revelación de secretos, así como los delitos vinculados a la organización del 9N de 2014 o el 1-O de 2017.

También se incorporarían los actos de expresión y opinión que hayan sido valorados como delitos de incitación al odio vinculados al conflicto catalán; los delitos contra el orden público "cometidos en el marco de la lucha democrática por la autodeterminación y/o de las protestas y acciones de crítica de la actuación de las autoridades gubernativas y/o jurisdiccionales sobre el conflicto" en Cataluña, y otros actos que hayan sido mediados por la realización de los actos amnistiados.



Reconocimiento de la autodeterminación

La resolución de los partidos independentistas subraya que la amnistía "debe ir acompañada de una solución efectiva al conflicto político con el Estado español que incluya el reconocimiento del derecho de autodeterminación de Cataluña", y que debe reparar los daños causados a las personas afectadas.

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Asimismo, llama a la sociedad catalana a movilizarse y a apoyar una amnistía que permita la liberación de los presos del 1-O, el retorno de los dirigentes independentistas en el extranjero, el fin de todas las causas judiciales abiertas, y emplaza a "todos los agentes cívicos, políticos y sociales a reivindicar esta propuesta a través de un acuerdo nacional por la amnistía, la autodeterminación y los derechos civiles y políticos".

Respuesta del PSOE: La amnistía "no cabe" en la Constitución

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha respondido este miércoles a la propuesta de los partidos independentistas incidiendo en que la amnistía que reclaman las fuerzas independentistas catalanas para sus líderes encarcelados "no cabe" en la Constitución.

Así ha respondido al ser preguntada sobre si el PSOE apoyaría la iniciativa que Junts, ERC y la CUP han registrado para que el Parlament pide al Congreso la aprobación de una ley de amnistía "por todos los actos de intencionalidad política vinculados a la lucha democrática por la autodeterminación de Cataluña" desde el 1 de enero de 2013.

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A este respecto, Lastra se ha limitado a recordar cuál es su respuesta a una pregunta que, a su juicio, suele ser "cíclica". "Hemos dicho siempre que no cabe la amnistía en nuestra Constitución", ha aseverado.

Desde ERC se citaba como precedente la ley de amnistía de 1977 aprobada en la Transición, que permitió liquidar condenas impuestas por el franquismo a los presos políticos de la dictadura e incluso a miembros de ETA, pero aquello fue previo a la Constitución de 1978 que a dejó cerrada esa puerta al regular las funciones del Poder Judicial y las condiciones de cumplimiento de las sentencias.

 

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