El Gobierno ha enviado a Bruselas un Plan de Recuperación con el que intentará ponerse a la altura de los niveles de recaudación de la Unión Europea. El hachazo a los bolsillos de los españoles está asegurado. Y la decisión de convertir las autopistas y autovías en zona de pago indiscriminado acabará perjudicando, como siempre, a las rentas más bajas.
La previsión del Gobierno es que el plan de medidas enviado a Bruselas entre en funcionamiento en el primer trimestre de 2023. El proyecto incluye el impuesto al diésel, el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre el patrimonio, las bases máximas de cotización y los peajes de las autopistas.
Es el precio que España tiene que pagar por recibir la ayuda de 140.000 millones del los Fondos Europeos Mientras Díaz Ayuso promete bajar los impuestos, el Gobierno socialcomunista anuncia que va a machacar a los españoles con una presión fiscal feroz que les afectará en todos los ámbitos de la vida.
El Gobierno establecerá un sistema de pago por el uso de la red de carreteras del Estado, que puede ser ampliable al resto de vías" para "garantizar adecuados mecanismos de financiación para la conservación y mantenimiento del 'stock' de infraestructuras con el que está dotado nuestro país".
El Gobierno quiere cobrar por el uso de las autovías, hasta ahora gratuitas, a partir de 2024, y no descarta un peaje sobre el resto de vías del país, tanto nacionales como regionales y locales. El pago de las carreteras afectará a todos los usuarios, tanto conductores particulares como transportistas, y tanto nacionales como extranjeros y, aunque el Ejecutivo defiende que la medida es necesaria para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cierto es que la conservación de las carreteras acumula un enorme déficit.
Según El País, un peaje medio de 4 céntimos por kilómetro supondría que un viaje de Madrid a Burgos saldría por 9 euros; a Zaragoza, 12; a Valencia, 14; a Córdoba, 15; y a A Coruña, 22. Es el resultado de los planes de un Gobierno que considera que "quien contamina paga" y "el que usa paga". Y lo dice un Gobierno con exceso de coches oficiales que, además, disfruta del avión Falcon 900B, que Pedro Sánchez utiliza en ocasiones más que cuestionables y prescindibles.
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Detrás de estas medidas se esconden situaciones como la de los 1.291 millones de euros con los que el Estado deberá indemnizar a Abertis cuando finalice la concesión del tramo de la AP-7 de Tarragona a La Junquera. El Gobierno necesita reaccionar para minimizar el impacto de este coste sobre el déficit público.
La DGT está a favor de los nuevos peajes
El director General de Tráfico, Pere Navarro, apoya la decisión del Gobierno de aplicar un pago por uso de la red de carreteras del Estado porque "en todos los países europeos se paga en la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta capacidad, en todos".
Navarro ha explicado en el Senado que "usted, cuando va en tren, no va gratis. Hay unas infraestructuras que hay que pagarlas aquí y en cualquier país". Lo que no dice es que el tren le lleva a uno. El coche hay que conducirlo. Y ha añadido un argumento demagógico recurriendo a la abuelita: "No podemos cargar a los presupuestos del Estado la conservación y mantenimiento de autopistas y autovías y hacer que la pobre abuelita que cobra una pensión, que no tiene ni coche, esté pagando la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta velocidad".
Y ha amenazado con que Bruselas le dirá a España: "Te envío dinero, pero no es para que paguéis la conservación y el mantenimiento de las carreteras". Pero sobre el tema, Teodoro García Egea a replicado que el PP está trabajando para aplicar medidas que "eviten que los españoles paguen un peaje por circular por las autovías que ya han pagado".
Los consumidores alertan sobre los riesgos de cobrar en las autovías
En este sentido, la asociación FACUA-Consumidores en Acción se ha mostrado contraria a la propuesta del Gobierno de cobrar a los usuarios de todas las carreteras estatales y regionales a partir de 2024, porque "terminará perjudicando a los usuarios que tienen menor poder adquisitivo".
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Esta asociación considera que el mantenimiento de las carreteras debe ser financiado por los Presupuesto Generales del Estado, que salen de los impuestos directos de los ciudadanos y que, por tanto, ya han pagado para que se construyan y mantengan las carreteras.
También ha advertido del "claro perjuicio" para los usuarios que no viven en grandes núcleos urbanos y tienen que utilizar estas vías de manera habitual para desplazarse a centros de trabajo, colegios, hospitales, etcétera.
Y habla de "auténtico copago o repago", porque los usuarios serán obligados a financiar unas infraestructuras que ya pagaron con sus impuestos.