Este jueves por la noche, nada más aterrizar en Cerdeña, Carles Puigdemont era detenido por la policía italiana, que respondía así a la euroorden dictada por el Tribunal Supremo español, hace ahora más de dos años, para la captura del fugado de Waterloo.
Una detención que, sin embargo, pronto se convertia en una fuente de polémica que, una vez más, enfrentaba al Gobierno de España y al Tribunal Supremo, que a su vez, sigue intentando validar su posición ante la Justicia europea.
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Así pues, tal y como ha podido saber el digital vozpópuli, mientras el Alto Tribunal ha mantenido, desde que se produjo la detención de Puigdemont, que las órdenes de detención siempre han estado vigentes y activas, la Justicia europea sostiene ahora que éstas están "suspendidas"; posición que mantiene con el respaldo de "las autoridades españolas".
El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha insistido, a través de un comunicado, que "las autoridades españolas", sin especificar cuáles, habían manifestado "expresamente" que las euroórdenes estaban suspensas, y por tanto, que "ningún tribunal de la Unión Europea podía ejecutarlas".
El Supremo defiende que las órdenes están vigentes
De acuerdo con lo recogido en la legislación española, sólo el magistrado que instruye el caso tiene la potestad para tomar este tipo de decisiones, recayendo esa responsabilidad sobre el juez Llarena, quien ha reiterado este viernes la vigencia de las euroordenes contra Carles Puigdemont.
Algo que pone de manifiesto que las "autoridades" sobre las que se respalda la decisión europea no corresponden al poder judicial, siendo el único posible interventor en esta situación el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez, que buscaría así evitar un nuevo enfrentamiento con el independentismo catalán.
Del mismo modo, el magistrado de la Sala de lo Penal enviaba este viernes al Tribunal de Apelación de Sassari, que ha puesto en libertad a Puigdemont sin medidas cautelares, la orden de detención dictada hace dos años contra Carles Puigdemont, volviendo a defender que esa orden está actualmente "en vigor".
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Así mismo, el Alto Tribunal especifica a los magistrados de Sassari que la polémica sobre la vigencia de la euroorden contra Puigdemont proviene de una cuestión prejudicial planteada por Llarena al TGUE en mayo sobre la capacidad de Bélgica para tomar la decisión de no entregar al ex consejero Lluis Puig.
Una consulta que, para el juez Llarena, no cancela la órden de detención contra Carles Puigdemont, siendo ahora el tribunal italiano el que, el próximo 4 de octubre, decida si respetar la euroorden del Tribunal Supremo, o atender a las presiones del Gobierno de España, ejercidas a través de la Justicia europea, para beneficiar a Carles Puigdemont.