El Gobierno de Pedro Sánchez se convierte en el mayor enemigo del campo español

El Gobierno de Pedro Sánchez se convierte en el mayor enemigo del campo español

10/01/2022

| Bárbara Hermida Carrera

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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, permanece en silencio ante la situación provocada por el resto de ministros de Sánchez.

Alberto Garzón se ha convertido en persona 'non grata' para todos los trabajadores del campo español, después de haber afirmado que la carne española es "de mala calidad" en una entrevista en un diario internacional. 

Una polémica que no es nueva alrededor del ministro podemita, quien ya hacía declaraciones muy parecidas el pasado verano, teniendo que ser el propio presidente del Gobierno el que saliera 'al quite' para restar importancia a las declaraciones de su ministro sobre un sector tan importante en el país como es el cárnico.

Sin embargo, y a pesar de su viralidad en redes sociales, Garzón no es el único ministro que, en los últimos meses, se ha convertido en un verdadero 'enemigo público' para todos los trabajadores del campo.

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Y es que también la vicepresidenta Teresa Ribera ha conseguido enfadar al sector después de incluir al lobo en la lista de especies con protección especial, prohibiéndose su caza en el territorio nacional, sin que la ministra haya ofrecido un 'plan B' a los trabajadores para defender sus campos y sus ganados de su depredador natural. Del mismo modo, la planificación hidrológica de Ribera podría poner también en serio riesgo al cultivo de regadío, de nuevo, sin ofrecer soluciones desde el Ministerio a los afectados.

Pero es la reforma laboral de Yolanda Díaz la que, actualmente, más preocupa a los trabajadores del campo, quienes han entendido que las modificaciones en las formas de contratación son un "ataque directo" contra el sector en plena crisis.

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"La reforma no responde a las necesidades del sector [...] quien ha redactado esta norma, no tiene ni remota idea de la realidad del campo" critica en declaraciones en La Razón el presidente de la organización agraria Asaja, Pedro Barato.

Y es que, según explica el propio experto, los contratos que se realizan a los temporeros son "como mínimo de 120 días"; muy por encima de los 90 días que la reforma laboral de Yolanda Díaz establece como máximo para un contrato temporal, lo que hace que todos los temporeros deban ser contratados con contrato fijo discontinuo, algo impensable e inasumible en la realidad del campo español.

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Declaraciones e imposición de reformas y nuevas políticas que han convertido al Gobierno de España en el principal enemigo del buen funcionamiento del campo español, que vive su peor crisis de la Historia, sin haber obtenido ayuda alguna desde el Ejecutivo.

Ayudas y apoyo que tendrían que provenir del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dirigido por Luis Planas quien, sin embargo, se ha mantenido en un segundo plano en todas estas polémicas relacionadas con el sector que dice representar, 'abandonando' a su suerte a los trabajadores del campo, y 'desapareciendo' de escena ante la posibilidad de convertirse en el protagonista de una brutal polémica que provoque su destitución. 

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