"Ahora será Franquito Sánchez quien decide desde Moncloa qué noticias son verdaderas y cuáles fake", sostiene Eduardo Inda acerca del polémico . Y añade: "Este organismo inconstitucional, que no ha pasado siquiera por el Parlamento, lo dirigen dos franquitos de Franquito: su jefe de Gabinete, Iván Redondo, y su director de Comunicación, Miguel Ángel Oliver". La polémica está servida porque la lucha contra los 'fake news', a través de un llamado 'Ministerio de la Verdad', esconde un intento por censurar a los medios decidiendo lo que se puede y no puede publicar... de acuerdo con los intereses del Gobierno.
Se trata de un procedimiento de actuación encaminado a combatir la "desinformación" que permite "examinar el pluralismo de los medios". De esta manera pretenden tener controlados a los medios de comunicación amparándose en la lucha contra las 'fakenews'.
La Asociación de Medios de Información denuncia que el Gobierno va contra la libertad de expresión
La Asociación de Medios de Información (AMI) ya ha trasladado este jueves su "profunda preocupación" por el procedimiento contra la desinformación aprobado por el Gobierno y ha denunciado que va contra la libertad de expresión e información amparada por la Constitución.
En un comunicado, la AMI, que agrupa a los principales editores de noticias de España, ha subrayado que esta orden podría suponer en la práctica una vulneración del espíritu del artículo 20 de la Constitución, que establece el "derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción".
"Establecer niveles de activación que podrían llegar a la toma de decisiones y coordinación a nivel político en el marco del sistema de seguridad nacional, como indica la publicación en el Boletín Oficial del Estado, podrían conllevar la asunción de facultades que solo corresponden al poder judicial", ha advertido.
En la misma línea, ha lamentado que "en ningún momento" ha sido informada de la puesta en marcha de este procedimiento y ha incidido en que "la defensa de los derechos fundamentales debe producirse tal y como fueron concebidos en la Carta Magna".
El Gobierno ha aprobado un procedimiento de actuación contra las conocidas como 'fake news' mediante el cual monitorizará la información y podrá solicitar colaboración a los medios de comunicación para perseguir la "difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios".
La orden, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado y firmada por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo, justifica esta decisión en que "uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas" es el acceso a la información veraz.
Así, para dar cumplimiento a este plan nacional, el Ejecutivo ha elaborado una estructura compuesta por el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación, las autoridades públicas competentes y, por último, el sector privado y la sociedad civil.
Con este último, el Gobierno ha señalado que podrá solicitar la colaboración de los medios cuya contribución se considere "oportuna y relevante" para combatir las 'fake news'. En la orden se argumenta que el sector de la comunicación puede contribuir a este objetivo "con acciones como la identificación y no contribución a su difusión".
Además, en este marco para luchar contra la desinformación quedarán también integrados el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Presidencia del Gobierno y los gabinetes de comunicación de todos los Ministerios.
Desde el Partido Popular, el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, ha acusado al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos de "arrogarse la potestad de decidir" qué es 'fake news' y le ha emplazado a retirar su orden ministerial. Además, ha solicitado la comparecencia urgente en el Congreso de la vicepresidenta Carmen Calvo y de Iván Redondo, jefe de gabinete de Pedro Sánchez, para que ofrezcan explicaciones sobre este plan.
Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha recordado que es el Código Penal el que establece los límites a la libertad de expresión y de prensa, mientras que Vox ha bautizado el plan como "Ministerio de la Verdad" y cree que tiene el objetivo de "controlar" las opiniones de los ciudadanos y "censurar" a aquellos medios de comunicación que no le son afines.
FAPE pide al Gobierno que aclare el tema
Por su parte, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha instado al Gobierno a que "aclare cuanto antes" las funciones y cometidos "que tendrá el recién creado comité para la lucha contra la desinformación".
En un comunicado, la FAPE ha señalado que la disposición del BOE "deja en el aire" aspectos importantes que "suscitan una profunda preocupación por las eventuales consecuencias que pueda acarrear al libre ejercicio del periodismo".
En este sentido, y ante "el riesgo" de que el comité "pueda entrar en valoraciones que afecten a la libertad de información", la federación ha recordado que son los periodistas y los medios los que, bajo el amparo del artículo 20 de la Constitución, "deciden qué es y qué no es noticia y qué es lo que se publica o no".
"Un comité, y mucho menos uno gubernamental, nunca podrá decidir sobre la libertad editorial de un medio", ha explicado la FAPE, que ha pedido al Ejecutivo a que aclare "cómo va a contrarrestar las campañas de desinformación y qué medidas adoptará para ello".
Con todo, ha incidido en que los periodistas son "los primeros interesados en combatir la desinformación" pero ha aclarado que "ese combate debe efectuarse en el marco de la ley". "Si un medio o un periodista incumplen la ley, para sancionarlos están los tribunales", ha continuado el comunicado.
Así, la FAPE ha argumentado que la creación del comité "solo tiene sentido si va dirigido a afrontar, en estrecha cooperación con la Unión Europea, las campañas exteriores de desinformación que pongan en peligro los fundamentos de nuestra democracia". Ha subrayado que "estará muy atenta" a dicho comité para que no sea "utilizado con fines políticos o para limitar el derecho constitucional a la libertad de expresión".
"Recordamos que nuestros límites en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, que ampara la libertad de prensa y el derecho de información, están en las leyes, en nuestro código deontológico y en la ética personal", ha concluido la fundación.
El Gobierno ha aprobado un procedimiento de actuación contra las conocidas como 'fake news' mediante el cual monitorizará la información y podrá solicitar colaboración a los medios de comunicación para perseguir la "difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios".
La orden, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado y firmada por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo, justifica esta decisión en que "uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas" es el acceso a la información veraz.
Así, para dar cumplimiento a este plan nacional, el Ejecutivo ha elaborado una estructura compuesta por el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación, las autoridades públicas competentes y, por último, el sector privado y la sociedad civil.
Con este último, el Gobierno ha señalado que podrá solicitar la colaboración de los medios cuya contribución se considere "oportuna y relevante" para combatir las 'fake news'. En la orden se argumenta que el sector de la comunicación puede contribuir a este objetivo "con acciones como la identificación y no contribución a su difusión".
Además, en este marco para luchar contra la desinformación quedarán también integrados el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Presidencia del Gobierno y los gabinetes de comunicación de todos los Ministerios.
Por último, el Gobierno ha aclarado en la tarde del jueves que el procedimiento de actuación contra las conocidas como 'fake news' va contra injerencias extranjeras y que no busca vigilar, censurar o limitar el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones.
La excusa del Gobierno: combatir las injerencias extranjeras
El Gobierno, por su parte, ha aclarado que el procedimiento de actuación contra las conocidas como 'fake news' va contra injerencias extranjeras y que no busca vigilar, censurar o limitar el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones.
En concreto, el Consejo de Seguridad Nacional aprobó el pasado día 6 un procedimiento de actuación contra la desinformación mediante el cual el Ejecutivo monitorizará la información y podrá solicitar colaboración a los medios de comunicación para perseguir la "difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios".
Tras la polémica generada y las críticas de la oposición al conocerse su publicación en el BOE, la Secretaría de Estado de Comunicación ha aclarado a última hora de la tarde que este procedimiento "tiene como finalidad evitar la injerencia extranjera en procesos electorales, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país".
Asimismo, el Gobierno ha garantizado que "no vigilará, censurará o limitará el libre derecho de los medios a ofrecer sus informaciones". Según ha explicado se trata de una respuesta directa a la petición de la Unión Europea de desarrollar planes nacionales coordinados contra la desinformación.
En España, el Plan de Acción contra la Desinformación fue creado en 2018 a petición de la Comisión Europea para afrontar la desinformación y las campañas que puedan afectar a la seguridad ciudadana o a la estabilidad de las instituciones, en especial durante los procesos electorales, según explica el Ejecutivo.
Señala también que el plan de la Unión Europea considera necesaria una actuación más coordinada a nivel comunitario y acorde a los valores democráticos de nuestras sociedades.
Así, en consonancia con el artículo 20 de la Constitución Española, defiende el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a la información veraz y plural como uno de los pilares esenciales de nuestras democracias. Su objetivo es precisamente luchar contra las campañas de desinformación que atenten contra este principio, argumenta.
Casado avisa que recurrirá a Europa
El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez de crear un "orwelliano Ministerio de la Verdad" con su plan contra la desinformación y las 'fake news', y ha recalcado que se trata de un "ataque intolerable" a la democracia. Dicho esto, ha avisado al Ejecutivo que "si no rectifica" su partido recurrirá a Europa.
Además, ha solicitado la comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta Carmen Calvo y del jefe de gabinete de Presidencia, Iván Redondo, para que informen sobre este plan que, según los 'populares', es un "escándalo".
La citada orden, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado y firmada por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo, justifica esta decisión en "uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas" como es el acceso a la información veraz.
El presidente de los 'populares' ha afirmado que lo que ha aprobado el Gobierno es una orden para "vigilar" a los medios y "perseguir" lo que, a su entender, el gabinete de Sánchez "considere desinformación".
En este punto, el jefe del primer partido de la oposición ha exigido explicaciones al Gobierno en el Parlamento sobre este plan contra la desinformación. "Y si no rectifican recurriremos a Europa", ha advertido.
Egea: "El Gobierno de la mentira quiere perseguir noticias falsas"
Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, también se ha mostrado crítico con esa orden ministerial: "El Gobierno de la mentira quiere perseguir las noticias falsas...", ha enfatizado.
También se ha pronunciado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, quién ha asegurado que con esta orden el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "se arroga la potestad de decidir qué es una noticia falsa o verdadera".
"¿Van a censurar aquellas noticias que no les gustan? ¿Van a poner multas a los periodistas? El Gobierno tendrá enfrente al PP en defensa de la libertad de información", ha avisado Montesinos, que ha solicitado al Ejecutivo que retire esa orden ministerial que ha aprobado por la "puerta de atrás" y se siente con las asociaciones de periodistas y los profesionales de los medios.
Es "mentira" que Bruselas pida un plan contra la desinformación: "La UE reaccionará"
El vicepresidente del Grupo Popular Europeo, Esteban González Pons, ha respondido este jueves que es "mentira" que Bruselas pida "un plan nacional" contra la desinformación, como ha defendido el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y ha avisado que la Unión Europea "reaccionará" contra dicha medida.
A este respecto, el eurodiputado popular Esteban González Pons ha asegurado que es "mentira" que "el control de medios de comunicación que impone el Gobierno español venga de Bruselas". Y ha añadido: "La norma europea (que es contra el terrorismo) está bloqueada precisamente por la oposición del grupo socialista", ha explicado en un mensaje en la red social Twitter, recogido por Europa Press.
"Mentir para perseguir mentiras, mal comienzo", ha criticado el dirigente del PP, quien también ha avisado que "la Unión Europea reaccionará" ante la medida promovida desde el Ejecutivo.