Uno de los principales problemas de la ciudadania española a la hora de realizar trámites administrativos y gubernamentales, es la dificultad a la hora de completar y rellenar los múltiples formularios de la Administración Pública, haciendo casi obligatorio que el ciudadano de a pie necesite ayuda de un gestor administrativo, o bien de un funcionario de atención al ciudadano, haciendo interminables estos procedimientos.
Una situación que VOX plantea cambiar para siempre, habiendo presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley con la que pretende que el Gobierno modifique y mejore la legibilidad en los escritos de la Administración General del Estado.
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Una modificación centrada por los de Santiago Abascal en el lenguaje "arcaico, aparatoso y distante" que presentan muchos de estos textos.
Y es que Vox ha considerado que en estos trámites se hace un uso "desmedido" de tecnicismos jurídico administrativos, así como de palabras "ambiguas" o de "compleja legibilidad" que, junto a una redacción "densa", acaban produciendo la "incertidumbre y el nerviosismo" de los ciudadanos en los escritos que les notifican.
Sin conocimientos jurídicos suficientes
Los de Santiago Abascal defenderán así ante la Cámara baja la necesidad de que la Administración General del Estado adapte sus procedimientos a un lenguaje "menos aparatoso y distante", ya que la gran mayoría de los ciudadanos no dispone de conocimientos jurídicos suficientes para entender muchos de los conceptos utilizados en estos escritos, los cuales generan confusión.
En concreto, Vox sugiere al Ejecutivo de Pedro Sánchez la creación de un Manual de Comunicación Clara de la Administración del Estado, que adopte medidas de mejor legibilidad de los escritos y comunicados administrativos.
Un Manual que aprovechará los recursos materiales y humanos de la Secretaría General de Función Pública, que será responsable de impulsar cursos generales para los empleados públicos, así como de promover cursos de comprensibilidad de lenguaje administrativo para funcionarios según su área de trabajo ministerial.