Si bien la llegada del virus de Wuhan, con la imposición del Estado de Alarma y el confinamiento obligatorio, se convirtió en una verdadera pesadilla para millones de españoles, la llegada de la ansiada vacuna contra el Covid-19 fue recibida como un rayo de esperanza a finales de 2020 y comienzos del 2021.
Una vacuna que, eso sí, llegaba con escasez en los primeros meses de vacunación en el país, haciendo que se estableciera un orden de vacunación a nivel nacional, teniendo prioridad los grupos de riesgo ante la pandemia, los trabajadores sanitarios, y aquellos que velaban por la seguridad de todos, militares y cuerpos policiales.
Plan de vacunación que, sin embargo, no era aceptado por la Generalitat de Cataluña que, respondiendo a sus intereses independentistas, decidía priorizar la vacunación de la policía autonómica, los Mossos d'Esquadra, dejando desprotegidos a los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil destinados en Cataluña.
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Así pues, fieles a su estrategia de 'proteger' únicamente a aquellos que defiendan abiertamente el independentismo y la soberanía catalana, los dirigentes del Govern retrasaron, durante más de dos meses, la vacunación de policías y guardias civiles en el territorio catalán, provocando que los principales sindicatos de estos cuerpos, Jupol y Jucil, interpusieran el 8 de abril un recurso contra esta situación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
La Justicia defiende a Guardia Civil y Policía Nacional
Y es que la situación era insostenible: mientras que tan solo el 15% de los agentes destinados en Cataluña había recibido la vacuna, los Mossos d'Esquadra gozaban de una vacunación que rozaba el 80%.
Una discriminación que ya recibía un primer varapalo del TSJC en el mes de abril, obligando a la Generalitat a solventar esta diferencia de forma "inmediata" y "sin excusas"; algo que cumplió el Govern independentista, eso sí, a regañadientes.
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Ahora, el mismo tribunal ha lanzado un nuevo varapalo jurídico contra la Generalitat catalana, concluyendo que el organismo discriminó a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, defendiendo así los intereses presentados por Jupol y Jucil.
Un 'fascismo' del Govern secesionista que no le saldrá barato, ya que el TSJC condena en costas a la Generaltat, con una cuantía máxima de 4.000 euros, pudiendo presentarse un recurso de casación en los próximos 30 días. Una decisión de la Justicia que no sólo ha puesto de manifiesto la discriminación que sufrieron estos agentes en plena pandemia, sino que también ha demostrado el fascismo con el que actúa la Generalitat liderada por los independentistas, centrada únicamente en sus intereses ideológicos, y no en el bien de aquellos que protegen a sus ciudadanos y votantes.