La lucha contra la pandemia permitió al Ministerio de Asuntos Sociales del gobierno de Pedro Sánchez suscribir 34 contratos durante los tres primeros meses del estado de alarma. A día de hoy el oscurantismo está presente en 26 de estas concesiones, que no cumplen con la Ley de Transparencia.
El diario El Mundo ha analizado uno por uno los 34 contratos y ha concluido que 26 de ellos son absolutamente opacos y esconden algo que a Pablo Iglesias e Irene Montero les debe convenir ocultar.
La transparencia brilla por su ausencia en Podemos especialmente en los últimos tres meses
Todos ellos están englobados en la lucha contra la pandemia, pero ocultos tras conceptos tan amplios o bagos como: "Suministro de diverso material de desinfección y sanitario para prevenir el contagio de coronavirus", o la "atención al usuario del Imserso durante la situación del estado de alarma", o la compra de "mamparas de metacrilato con anclajes para las mesas de trabajo del personal" del Ministerio, o el encargo de "un estudio sobre el impacto del Covid-19 y sus consecuencias socioeconómicas en las personas con discapacidad". Muy poca precisión en la concreción del encargo.
¿Qué tiene que ocultar Pablo Iglesias?
De hecho, según informa El Mundo, Pablo Iglesias sólo ha colgado cuatro de estos contratos en el Portal de Transparencia. ¿Qué tiene que ocultar?
Mientras Pablo Iglesias mantenga el secreto de sumario sobre estas concesiones, los ciudadanos a los que se les está acribillando con los impuestos para sacar a flote a la nación seguirán sin saber a qué destina el gobierno su dinero, quién se beneficia de los contratos y para qué se firman.
La conducta de Iglesias acabará forzando al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a emitir un dictamen que le obligue a dar publicidad a esos documentos que, además, venga acompañado de sanciones.
Sorprende que Iglesias acompañe a sus actos de esta opacidad porque fue precisamente Unidas Podemos quien exigió la aplicación de la Ley de Transparencias a los actos del gobierno en busca de una regeneración política que garantizara la honestidad de los gobernantes. Esa ley sostiene que los licitadores públicos "deberán hacer públicos todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato".