Imaginen tres fábricas de un mismo bien. Un productor lo vende por un euro, al segundo le cuesta producirlo dos euros y a un tercero le supone tres euros. Si el precio de mercado fijado libremente es de un euro se venderá sólo una parte de la producción del primero. Pero si esa misma demanda agota todas las existencias del primero, los consumidores comprarán la producción del segundo que será, en definitiva, el precio de mercado, el último en pagarse: dos euros.
Ahora bien, si la demanda cubriera la producción del primero, del segundo y la mitad del tercero, entonces, el precio sería 3 euros. Porque, si no, el tercero no vendería (tendría pérdidas). Si el precio fuera la media de los tres productores, como defienden pseudo economistas como Fabra o Sevilla, el tercero no existiría dado que su coste es superior al precio del mercado que es único. Fácil, ¿verdad? Jordi Sevilla o Jorge Fabra se definen como economistas y desconocen tan elemental práctica en el mercado eléctrico. Muchos no les consideran, sin embargo, economistas.
Cuando el grajo vuela bajo en España se aviva el debate del precio de la electricidad. Los boletines informativos de la práctica totalidad de las radios abren abanderados por noticias sobre la subida del kilovatio hora y en los debates televisivos se sucede una amalgama de contenidos que inamoviblemente responden al mismo esquema: reproches airados contra las compañías eléctricas, consejos para la eficiencia energética de difícil desempeño y, para finalizar, una exhibición de sesudos argumentos en contra del mercado eléctrico marginalista. Es previsible que el espectador termine por hacer suya una preocupación que, en la mayor parte de los casos, no le corresponde, comprensible sobre todo si tenemos en cuenta que, según la CNMC, un 60% de las familias desconoce el tipo de tarifa que tiene contratada. La realidad es que eso que llamamos mercado marginalista solo impacta a los mercados mayoristas y, en España, a los hogares que tienen contratada una tarifa regulada PVPC, un sistema instaurado por el Gobierno para determinar el precio de la luz del que únicamente una pequeña parte de la gente tiene contratada.
Es importante señalar, eso sí, que, de esos clientes, un amplio porcentaje corresponderá a aquellos que son beneficiarios del bono social, dado que para el disfrute de esta ayuda el Gobierno fijó como requisito que el consumidor tenga una tarifa PVPC. Es decir, a fin de cuentas, el mercado marginalista finalmente tiene un gran impacto sobre los más pobres por esta condición impuesta.
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En general, desde hace años los consumidores pueden contratar los precios fijos que oferta el centenar de comercializadoras que operan en nuestras fronteras, lo que se conoce como mercado libre, o acogerse al mercado regulado español, cuyo precio cambia cada hora y cada día en función de la oferta y la demanda que exista entre los productores de energía y las empresas que se la venden al consumidor.
Este precio será sistemáticamente más elevado en los meses de mayor demanda energética, normalmente verano e invierno, y se verá afectado por factores externos, como está sucediendo en estos momentos con la crisis geopolítica de Ucrania y la consecuente imparable subida del precio del gas y de los carburantes fósiles.
Sin embargo, el 80% de la energía se vende a precio fijo, mercado ajeno a lo que sucede en el mercado mayorista, en el que se compra la electricidad faltante al precio de la fuente que la está produciendo en ese momento, generalmente, el gas.
Para entender esto hay que detenerse en el precio del mercado y en el ya célebre mercado marginalista. El primero, que no se corresponde con el precio que paga el consumidor doméstico por la electricidad, es el de casación de oferta y demanda, al que acuden a vender las compañías generadoras de energía y, a comprar, las comercializadoras. Si las generadoras han lanzado su oferta a un precio igual o inferior al precio de mercado la venderán, mientras que los compradores que hayan lanzado su oferta de compra con un precio igual o inferior al de mercado también la tendrán aceptada.
Esto sucede cada día del año: por un lado se ordena la demanda y, por otro, la oferta y, en ese momento, se casan. El punto de corte establecerá el precio al que se paga a todos los productores, que puede ser más alto que el precio al que estaban dispuestos a vender. Se trata del precio marginal, y es el que se considera precio de mercado a cada hora del día. Este es el motivo por el que se está pagando a todos los productores los altos precios del gas y las cuotas de CO2, y el argumento de las críticas de quienes denostan esta fórmula. Para entendernos, esa demagogia que tanto escuchamos de que se compra el pollo a precio de solomillo.
Es el sistema que se usa en toda la Unión Europea y, además de haber sido refrendado como herramienta para alcanzar los objetivos climáticos 2030, a pesar de lo que pudiera parecer, es el que garantiza los precios más bajos, ya que las tecnologías con coste variable mínimo – aquellas más limpias, que no usan combustibles, como son las renovables y la nuclear – ofertan a un precio muy bajo, incluso cero, mientras que las tecnologías con costes variables importantes ofertan a un precio que les permita cubrirlos.
Pero, no se equivoquen, si se cambia el sistema, las tecnologías de coste variable despreciable emplearían otra estrategia y ofertarían a un precio más alto que les permitiera ganar, tratando de adivinar cuál va a ser el productor marginal y ofertando a un precio algo por debajo de este. Es la experiencia de los países que no usan el sistema marginalista sino el pay-as-bid, incapaz de lograr precios más bajos.
Es por esto que a los críticos del mercado marginalista no les servirá tampoco un mercado pay-as-bid y solo les quedará clamar por la intervención del mercado nacionalizando la producción para que sea el Estado quien gestione el sistema eléctrico, algo que terminaría con los incentivos para la mejora en la eficiencia de producción, impactando directamente y de manera muy negativa en las acciones contra el cambio climático, como la descarbonización y la transición energética, y que daría como resultado a la postre un sistema eléctrico obsoleto, ineficiente y, finalmente, caro.
Además, los precios se mantendrían artificialmente por debajo de los costes de producción de la electricidad, consiguiendo un déficit que, finalmente, no lo duden, terminaríamos pagando por la vía de los impuestos.
Y es que, no lo olviden, quien más gana con la electricidad, incluso a día de hoy, es el Estado a través de los tributos. Aún con la minoración provisional fiscal que ha adoptado el Gobierno, solo un 50% del total del precio que pagamos en nuestra factura mensual por el precio de la electricidad corresponde a lo que hemos consumido. El otro 50% se corresponde con impuestos que gravan directamente el recibo de la luz, como el IVA y el impuesto a la electricidad, y a otros que lo hacen de manera indirecta, como el canon hidráulico, la tasa de ocupación de la vía pública, el impuesto al carbón, el de los residuos nucleares y, por último, los ingresos por las subastas de derechos de emisión contaminante de CO2. No en vano, somos el cuarto país de Europa que más tributos asume en su factura.
Más allá de regular los impuestos, ya que el alto precio del mercado mayorista está motivado por el altísimo incremento de los precios de las centrales que producen con gas, y que las centrales sin emisiones no se benefician de esas subidas porque generalmente tienen todo vendido a precio fijo a los clientes finales, el reto, además de conllevar un positivo impacto medioambiental y de evitar la volatibilidad de los precios internacionales de los combustibles fósiles, está en seguir invirtiendo en energías renovables. España tiene ya más recursos renovables que el resto de los países europeos, y una economía basada en la electrificación nos permitirá una factura energética inferior a la del resto de Europa.
También sería más que deseable la puesta en marcha de incentivos fiscales para incrementar los contratos a largo plazo, los denominados PPAs, y aprobar con urgencia un mercado de capacidad en nuestro país para atraer el almacenamiento necesario y para garantizar el suministro de electricidad.
En conclusión, parece que el Gobierno, finalmente, tiene aún mucho margen de maniobra para ir influyendo a la baja en futuro del precio del mercado mayorista que tanto parece preocuparle.