El 'caso Casinos' estalló en 1989 en Cataluña cuando el exdirector financiero de la empresa Casinos de Cataluña, Jaume Sentís, interpuso medidas legales contra esta empresa por pagar sobornos de 3.000 millones de pesetas a Convergencia y a varios medios de comunicación afines al régimen de Pujol.
Estas comisiones significaban la contraprestación por tener durante años las únicas tres licencias de casinos en Cataluña, que estaban ubicados en Peralada, Barcelona y Lloret de Mar. Asi se adjudicaban la gestión de la lotería de la Generalitat en 1986.
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Asimismo, hay que mencionar que detrás de esa empresa estaba Artur Saqué. Este fue compañero de clase de Pujol. Todos esos pagos se efectuaban para recibir a cambio servicios ficticios no prestados en la realidad o de inserciones publicitarias en diarios como 'La Vanguardia' o 'Avui'. Es conveniente señalar que aquella época era anterior a la generalización de tres por ciento como forma de financiación de CiU.
La última adjudicación
En los últimos días, se han adjudicado un complejo de ocio con casinos, concretamente a la empresa norteamericana Hard Rock, propiedad de la tribu de los indios seminolas de Florida (EE.UU). Esto ha sido una exigencia a Pere Aragonés por parte del PSOE de Salvador Illa y de JxCAT a cambio de apoyar los Presupuestos Generales del 2023.
Esta adjudicación es el colofón al proyecto inicial del propio Pujol en 1986.
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Con el paso de los años, en el desarrollo de este proyecto participó activamente Javier de la Rosa. Este fue un empresario de mucha confianza para Pujol e inauguró Port Aventura en 1995.
Fue la quiebra de las empresas de De la Rosa, que ha ido a la cárcel por varios casos y en varias ocasiones distintas, lo que provocó que La Caixa se quedase con los terrenos que ahora va a vender a Hard Rock para la construcción del nuevo complejo.