María Tardón, jueza de la Audiencia Nacional, ha procesado a José Ramón Prado Bugallo, más conocido como 'Sito Miñanco', por su participación en el intento de introducir en España casi cuatro toneladas de cocaina, y por la creación de un entramado para blanquear el dinero obtenido con la droga.
Otras 45 personas se han visto implicadas en esta trama, destacando entre todas ellas el abogado independentista de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, al que la titular del Juzgado Central de Instrucción nº3 le ha atribuido un delito de blanqueo de capitales del narcotráfico en el seno de una organización criminal, así como un delito continuado de falsificación de documentos oficiales.
Y es que, según la jueza, Boye habría intentado recuperar más de 800.000 euros en efectivo intervenidos en febrero de 2017 presentando, ante el Servicio de Prevención de Blanqueo, documentación que simulaba el origen lícito de los fondos, asegurando que se trataban del resultado de una operación comercial.
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"Conociendo [...] el carácter ficticio de la operación comercial, diseñaron y confeccionaron los documentos [...] y los presentaron en el expediente sancionador a sabiendas de su falsedad [....] con el objeto de recuperar el dinero invertido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico".
Es por esto, por lo que el abogado podría verse condenado a entre 3 y 6 años de prisión, con una fianza de 900.000 euros. Una sanción económica, decidida desde Justicia, que no es la única que actualmente pesa sobre Gonzalo Boye,
Boye no ha pagado la indemnización por el secuestro de Revilla
Gonzalo Boye era condenado por la Audiencia Nacional a 14 años y 8 meses de prisión por un delito de detención ilegal, en referencia al secuestro, por parte de la banda terrorista ETA, del empresario Emiliano Revilla, de los que cumplió 6 años en total.
Además, se estipuló que tanto él como el resto del comando, pagarían una indemnización solidaria de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros) al empresario, asegurando el abogado de Puigdemont, a su salida de prisión, que se haría cargo de la indemnización,a razón de 5.000 pesetas mensuales.
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Una 'promesa' no cumplida que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), denunciaba ante la Audiencia Nacional, que embargaba los escasos bienes que Boye tiene a su nomre.
Una decisión que ahora, tal y como ha podido saber OKDiario, ha sido ratificada por el Tribunal Supremo en una nueva sentencia, que fija que la responsabilidad civil derivada de una condena firme no prescribe, por lo que el abogado aún debe rendir cuentas sobre su participación en el secuestro y vigilancia del empresario por parte del terrorismo vasco en 1988.