Pedro Sánchez afirmó que exhumaría el cuerpo de Francisco Franco de su tumba actual, en el Valle de los Caídos, y que lo haría el pasado 10 de junio. Sin embargo, el líder socialista se encuentra cada vez más piedras en el camino.
Si bien el anterior equipo municipal de San Lorenzo de El Escorial, liderado por Vecinos por San Lorenzo (una plataforma cercana a Podemos) había firmado la licencia de obras en la Basílica, ésta misma licencia fue rechazada por el juez Yusty Bastarreche, que afirmó en aquel momento que las obras en la Basílica del Valle de los Caídos no se podían realizar por razones de seguridad.
Según las declaraciones del juez en aquellos momentos, la exhumación requeriría "remover unas losas de mármol, que a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000kg de peso". Eso podría suponer un peligro para la vida de las personas que trabajaran en la obra. También añadió el magistrado que la tumba se encuentra en una cripta con partes huecas, y que los bruscos movimientos de la obra podrían "desesabilizar el conjunto".
Así pues, con la licencia anterior paralizada por el juez Bastarreche, al equipo de Pedro Sánchez no le quedaría otra opción que solicitar una nueva licencia al Ayuntamiento de El Escorial. Ayuntamiento que, desde las elecciones de mayo, está en poder del Partido Popular, que no le pondrá nada fácil la obtención del permiso.
No todo es política
La exhumación no depende exclusivamente del Partido Popular, ni de la Justicia.
También depende de las propias normas urbanísticas de San Lorenzo de El Escorial. Según las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal y el Catálogo de Bienes Protegidos, la Basílica tiene un grado de protección integral. Esto implica una protección total de la Basílica y su estructura, necesitando un plan especial de obras que, de nuevo, necesitaría la aprobación del Ayuntamiento.
La única y compleja solución a esto sería modificar la catalogación de la Basílica como bien protegido, proceso que podría demorarse hasta tres años, y que ya tiene opositores, dado que no se puede "tramitar modificaciones puntuales ad hoc", es decir, modificar una legalización a posteriori de unas obras que son manifiestamente ilegales.