El Tribunal Supremo inicia hoy el juicio al Procés personificado en doce políticos separatistas que intentaron proclamar la república catalana saltándose la ley primera de todas, la Constitución. Se les acusa de la supuesta comisión de delitos graves dentro de un tablero político en el que una formación que no tiene representación en el Congreso de los Diputados, VOX, interpretará un papel de protagonista ejerciendo la acusación particular.
El tema es goloso. Más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación -50 extranjeros- explicarán a España y al mundo lo que pase ahí dentro en un juicio que pretende ser transparente y que será televisado en directo.
De qué se les acusa
La Fiscalía acusa a Junqueras, Turull, Rull, Romeva, Bassa y Forn de los delitos de rebelión agravada con malversación . A Sánchez, Cuixart y Forcadell, sólo de rebelión. Y de desobediencia y malversación a Borràs, Mundó y Vila. La Abogacía del Estado rebaja a sedición y a las que Vox añade el delito de organización criminal para todos los procesados.
El juicio comienza a celebrarse hoy en el Tribunal Supremo, apenas 14 meses después de iniciarse la investigación criminal contra los presuntos responsables de delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos relacionados con el referéndum ilegal del 1-O y la fallida Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de 27 octubre de 2017.
Pese a lo técnico del acto judicial en sí, la sesión de mañana permitirá ver por primera vez la Sala constituida y a los doce encausados frente al tribunal, considerado 'equilibrado' por pertenecer sus siete miembros a diferentes sensibilidades dentro de la Carrera y a cuyo frente se sitúa el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, que será además el ponente de la sentencia. Completan la Sala Antonio del Moral, Ana Ferrer, Luciano Varela, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Andrés Palomo.
Los fiscales adscritos al caso son Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, que previsiblemente se turnarán en la sala de vistas de dos en dos. Mañana asistirán Zaragoza y Moreno.
Como representante de los servicios jurídicos del Estado se estrenará en este juicio la nueva jefa de lo Penal de este cuerpo, Rosa María Seoane, asistida por Elena Sáenz Guillén; mientras que por Vox, que ejerce la acusación popular, estarán el secretario de Organización Javier Ortega Smith y Pedro Fernández. Frente a ellos, hasta 17 abogados organizados en hasta ocho equipos diferentes de defensa.
Las penas que están en juego
Para quien la Fiscalía pide más pena es para Junqueras, (que se enfrenta a 25 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación por rebelión agravada por la malversación de fondos públicos), para a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (17 años por rebelión) y para los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (17 años por rebelión), todos ellos en prisión provisional, como los "principales promotores" del desafío soberanista.
También se encuentran en prisión preventiva varios exconsejeros del último Ejecutivo de Carles Puigdemont como son los exconsejero del Interior Joaquim Forn, Presidencia Jordi Turull, Exteriores Raül Romeva, Territorio y Sostenibilidad Josep Rull Trabajo Dolors Bassa ( Fiscalía reclama 16 años por rebelión y malversación para todos ellos). Para los consejeros que están fuera de la cárcel -Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila la Fiscalía pide penas de 7 años de cárcel por delitos de malversación y continuado de desobediencia.
Respecto a las acusaciones de rebelión -sedición en el caso de la Abogacía del Estado- pivotarán sobre la acreditación o no de la violencia en el desarrollo de los hechos del otoño de 2017, que causaron una crisis política y social sin precedentes y provocaron que el Gobierno suspendiera por primera vez la autonomía de Cataluña mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Por lo que se refiere a Vox, pide para los miembros del exGovern en prisión 74 años de cárcel (suma a los anteriores delitos el de organización criminal) mientras que para los 'Jordis' y Forcadell pide 62 años. Para los exconsejeros en libertad reclama 24 años de cárcel.
Malversación y testigos
La Abogacía del Estado y la Fiscalía General del Estado han calculado de manera distinta la cantidad de dinero que presuntamente malversaron los líderes del 'procés', pues mientras para los letrados cifran la cuantía en 1,9 millones de euros, los fiscales opinan que serían alrededor de 2,91 millones. Estas cantidades deberán ser concretadas al final del juicio para que el tribunal pueda estimar, si lo considera oportuno, una multa por una responsabilidad civil.
Tras el interrogatorios de los procesados comenzarán a declarar más de 500 testigos solicitados por todas las partes, entre los que destacan ex miembros del Gobierno como el expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el exministro de Hacienda Cristobal Montoro; además de exmandatarios catalanes como el expresident Artur Mas, el actual vicepresidente Pere Aragonés, el presidente del Parlament Roger Torrent o la alcaldesa de Barcelona Ada Colau.
Leyendas urbanas en torno al juicio
Alrededor de este juicio se han creado desde las bases separatistas una serie de leyendas urbanas que no se ajustan a la realidad, aunque hayan tomado carta de naturaleza como ciertas desde la vertiente separatista. Se trata de mentiras que conviene aclarar en el primer día de un juicio que promete ser polémico:
1.- No es cierto que se criminalice el deseo de votar
España ha acumulado suficiente cultura democrática como para contemplar la llamada a las urnas como algo normal, saludable, habitual y necesario. Nada excepcional. No es eso lo que se juzga, el hecho de votar, sino el desafío a la Constitución que se esconde detrás del intento de romper la unidad de España con dos declaraciones de independencia. Los responsables ya eran entonces conscientes de su culpabilidad, de lo contrario muchos de ellos no se habrían fugado al extranjero. ¿Por qué motivo? Cuando huyeron no existía ninguna orden de detención contra ellos. ¿La mala conciencia?
2.- No es cierto que ya nada será igual entre Cataluña y España
Es una amenaza velada que aparece de manera constante en el discurso de Quim Torra o Carles Puigdemont. Si el juicio acaba con condena severa para los acusados, el gobierno separatista catalán lleva menses amenazando con un aumento del desapego de los catalanes hacia España ante lo que entenderían una injusticia. Usan este argumento como chantaje, como amenaza de lo que puede suceder si los jueces no fallan lo que el independentismo quiere que fallen.
De cualquier forma, juegan con las cartas marcadas. Si el juicio no sale como quieren, amenazan con represalias. ¿Y si salieran absueltos? ¿Ese 47% de la población que vota en clave separatista se abrazaría a la justicia española y a esa Constitución que con tanta facilidad vulnera? Da la sensación de que, pase lo que pase, todo seguirá igual en Cataluña y su relación con el resto de España. Todo seguirá igual.
3. No es cierto que sólo puedan ser acusados de desobediencia
La defensa va por ahí, tratará de demostrar que, efectivamente, los acusasdos fueron desobedientes siguiendo el mandato de la población soberana, bla, bla, bla... El objetivo fundamental es desmontar la teoría de la rebelión y la sedición y refrescarán la memoria al tribunal con el recuerdo del primer reférendum de pandereta del 9 de noviembre de 2014, que fue ventilado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como una simple desobediencia y liquidado con multas y, como mucho, inhabilitaciones para sus responsables, por ejemplo Artur Mas.
Pero un reférendum y otro nada tienen que ver porque la consulta del 1-O no fue un hecho puntual como la de 2014. Sólo fue la culminación en forma de guinda de un proceso largo y complejo que formaba parte de una estrategia calculada de años y que contó con la colaboración del Departamento de Enseñanza y de los medios de comunicación públicos de la Corporación Catalana de Radio y Televisión. Todo ahí estaba calculado y meditado, nada sucedió por casualidad... aunque ahora intenten ofrecer una imagen de espontaenidad que no se corresponde con la realidad. Aquí hay mucho más que desobediencia: atentar contra la unidad de España está tipificado como algo más grave que una simple desobediencia.
4. No es cierto que están presos por sus ideas políticas
Como en todos los órdenes de la vida, también en la política puede y debe entrar la justicia cuando se trata de defender el estado de Derecho, la ley y el orden. No es el mejor escenario para ejercer la política tener que recurrir al poder judicial en busca de un árbitro para instaurar la paz entre posiciones encontradas. No es buena señal si hay que recurrir a la justicia para poner orden en el paisaje político. Pero es lo que hay. Así lo ha querido el separatismo, conocido en Cataluña suavemente como soberanismo.
No es el remedio ideal, pero es la mejor de las soluciones cuando una de las partes violenta acuerdos históricos para hacer saltar por los aires la estabilidad de España y su unidad. Los tribunales de justicia son imprescindibles para recordar a quienes caen en la tentación de situarse por encima de la ley que con la Constitución de todos los españoles, también de los catalanes, no se juega.
Ellos son los primeros que tienen conciencia de que los políticos presos no son presos políticos. Están en la cárcel por aprovechar su condición de políticos para cometer delitos. Si fueran presos políticos encarcelados por sus ideas, los que siguen fuera, incluso gobernando, también estarían encarcelados. No hay diferencia entre las ideas de Torra y las de Puigdemont. Entre las de Torrent y Junqueras. La diferencia está en que, pensando lo mismo, unos se saltaron la ley y los otros no, al menos de momento. Por eso unos reciben tratamiento de presuntos delincuentes y los otros no. No es, por tanto, un problema de ideología.
5. No es cierto que no hubiera violencia
El Tribunal Supremo deberá decidir si hubo violencia y por tanto delito de rebelión. Los acusados lo niegan, pero la violencia no es sólo la física. También la moral puede ser considerada violencia, el intento de marginar al otro de forma sistemática. En este caso lo que hubo fue un deseo de destruir las estructuras del Estado. Tampoco es necesario el empleo de armas para hablar de violencia, sino estar en disposición de poderlas utilizar y estar decidido a utilizarlas si fuera preciso.
Los acusados se autodeclaran pacisfistas, pero la Fiscalía aprecia violencia en el Procés. La acusación de VOX repite esta palabra hasta 57 veces en su escrito de acusación. Y aquí está la clave. La Abogacía del Estado, por su parte, cambió de opinión a este respecto y eliminó la palabra violencia de su acusación. Sólo los autores del golpe de Estado del 23-F han sido acusados de rebelión hasta ahora, pero la Abogacía del Estado se ha decantado por la sedición. "Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: 1.º Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución", reza el artículo 472 del Código Penal. ´"Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones".
6. No es cierto que se necesiten armas para hablar de golpe de estado
Lo del teniente coronel Tejero fue un alzamiento militar. Pero un golpe de Estado se puede producir de otras maneras. Puede haber un alzamiento contra un Gobierno democrático por parte de funcionarios de ese mismo Gobierno. Que un alzamiento se convierta en golpe de Estado no depende únicamente del empleo que se haga de las armas sino la voluntad organizada de violar el orden constitucional legal para sustituirlo por otro saltándose los caminos democráticos establecidos para ello.
7. No es cierto que el poder judicial sea manipulable
Si alguien se ha distinguido por un interés obsesivo por eliminar la separación de poderes que tanto reclaman han sido precisamente los representantes de las fuerzas separatistas que intentaron proclamar la república catalana y que ahora van a ser juzgados. Han sido ellos los que han pretendido forzar al gobierno español a influir en el poder judicial para obtener un trato de favor a cambio de contrapartidas. No es de recibo que quien ha pretendido manipular al poder judicial a su favor se queje ahora de la inexistencia de la división de poderes.