Quim Torra y Ada Colau tienen varias cosas en común: ambos hacen lo que les da la gana en función de sus intereses partidistas, dan la espalda a las necesidades de la ciudadanía y creen estar por encima de la Ley, pues no escuchan las resoluciones judiciales.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha defendido ante la juez decana de Barcelona, Mercè Caso, el trabajo de los servicios municipales en procedimientos de desahucio y, en concreto, la labor que realiza el Servei d'Intervenció i Mediació davant Situaciones de Pèrdua d'Habitatge i/o Ocupacions (SIPHO) desde su creación en 2015.
Toque de atención del TSJC a Colau por los desahucios
Lo ha hecho en una carta que ha hecho pública en un mensaje en Twitter, después que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya enviado una carta a Colau para que el SIPHO se "abstenga de actuaciones que impidan la ejecución de las resoluciones judiciales".
En su respuesta, la alcaldesa ha criticado el aumento de los lanzamientos con fecha abierta, que han pasado de ocho durante todo el 2017 a 55 en 2018, y el "excesivo despliegue" de unidades antidisturbios de los Mossos d'Esquadra, lo que ha dificultado el trabajo de mediación y acompañamiento del SIPHO y provoca mayor angustia entre las familias, según ella.
Colau se pasa la Ley por el forro
"Mientras esta situación de emergencia habitacional continúe afectando a personas en grave situación de vulnerabilidad, como alcaldesa continuaré defendiendo la necesidad y el encomiable trabajo que hacen los equipos municipales de prevención y acompañamiento de las familias en riesgo de perder su vivienda", ha expresado en la misiva.
Ha añadido que el Ayuntamiento continuará usando todas las herramientas a su alcance para evitar los desahucios, como la ampliación del parque público de vivienda, la creación de alojamientos temporales como los Aprop, ayudas al pago del alquiler y la captación de vivienda privada hacia alquiler asequible, entre otros.
En una rueda de prensa este miércoles, la concejal de Vivienda de Barcelona, Lucía Martín, ha explicado que este servicio ha permitido acompañar durante los últimos cuatro años a 10.128 familias en situación de vulnerabilidad en procesos de desahucios: "En 2019 más 6.400 personas fueron acompañadas por esta unidad. La mayoría son familias vulnerables y personas mayores".
1.000 cartas a propietarios
"Es una unidad pionera formada por 18 profesionales, todas mujeres. Aquí estamos para defender a las trabajadoras públicas que se dedican a hacer este trabajo", y Martín ha añadido que, a pesar de la carta del TSJC el SIPHO ha continuado trabajando de la misma manera para la mediación con propietarios.
Ha cifrado en cerca de 1.000 casos las propiedades que están obligadas por ley a ofrecer un alquiler social a familias vulnerables que no pueden pagar el alquiler y lleven más de seis meses viviendo en el inmueble: "Hemos enviado cerca de 1.000 cartas", y ha dicho que también hablarán con la Generalitat sobre la actuación de los agentes de los Mossos en los procesos de desahucio.