"Responder a la profunda crisis social y política"de Cataluña: éste ha sido el argumento principal utilizado por Pedro Sánchez y su Ejecutivo para defender la aprobación de los indultos a los presos independentistas catalanes.
Una explicación que no ha convencido a los partidos de la oposición, ni a la opinión pública, ni a parte de los barones socialistas, que ven con preocupación que la medida de gracia sea utilizada por los secesionistas, que no han mostrado signos de arrepentimiento, para volver a proclamar la independencia unilateral de Cataluña.
Explicación que, además, ha dejado de ser suficiente, tras conocerse los datos de los indultos otorgados por el Gobierno de España en el último semestre de 2020; apenas un porcentaje de 1,08% de los indultos solicitados, esta vez sí por los interesados, han recibido el visto bueno del Gobierno.
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Es decir, en los últimos seis meses de 2020, el Ejecutivo de Pedro Sánchez concedió el perdón a 18 presos, denegando un total de 1.646 peticiones; datos que aumentan teniendo en cuenta todo el año 2020, cuando, según fuentes del Ministerio de Justicia a las que ha tenido acceso Vozpopuli, solo 28 presos consiguieron el indulto, denegándose 2.904 peticiones (un 0,96%) de los casos. Sin embargo, todos los independentistas han conseguido el indulto del Gobierno, con un porcentaje del 100% frente al 0,96% de los presos no independentistas.
Condenas más largas, y sin el visto bueno del Poder Judicial
Además, los indultos concedidos durante el 2020 destacan por ser aplicados en condenas menos graves que las que pesan sobre los secesionistas catalanas, teniendo un rango de tiempo de prisión entre los cuatro años y los nueve meses de prisión; tiempo muy inferior al de la condena de Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión.
Del mismo modo, la gravedad de los indultos no es parejo: y es que muchos de los delitos 'perdonados' al resto de presos son relacionados con la falsificación, estafa o hurto, mientras que los independentistas fueron condenados por sedición y malversación de fondos públicos.
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También es destacable que, mientras que todos los indultos ofrecidos durante el último semestre de 2020 contaban con el informe favorable del tribunal sentenciador y el Ministerio Fiscal, la medida de gracia a los líderes independentistas contaba con el rechazo frontal del Tribunal Supremo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Datos que demuestran que los indultos a Junqueras y resto de líderes secesionistas no son una prueba del buen funcionamiento del Ejecutivo en cuanto a la defensa de la 'Democracia' y la Justicia, sino el uso que Sánchez y los suyos hacen de las herramientas legales para asegurarse la continuidad en la Moncloa.