Dos agentes de la Guardia Civil de la unidad criminalística de la policía judicial de Barcelona han asegurado en el juicio por el proceso independentista en el Tribunal Supremo que los coches que fueron cercados por los miles de manifestantes que se concentraron ante la Consejería de Economía de la Generalitat el 20 de septiembre de 2017 quedaron "irreconocibles".
"Adhseivos y pintadas con insultos"
Las declaraciones de estos dos testigos han explicado, a preguntas del fiscal Fidel Cadena, que analizaron los desperfectos que presentaban siete vehículos del Instituto Armado al día siguiente cuando fueron trasladados al acuartelamiento del puerto de Barcelona. Se trataba de tres Nissan Patrol logotipados pertenecientes a los GRS --unidad antidisturbio-- y otros cuatro que se usaban como camuflados.
Adhesivos y pintadas con insultos; abolladuras, rayaduras de chapa; cristales, retrovisores, espejos y limpiaparabrisas rotos, ruedas pinchadas o la desaparición de matrículas, son los destrozos que se veían por la parte exterior de los coches, han señalado. "Una de las ruedas no sólo la rajaron, sino que la cortaron como si fuera una suela de zapato del 43 o del 45 con objetos punzantes, como armas blancas o similares, como un cúter", ha descrito gráficamente uno de los guardias civiles.
"Cortaron los asientos en trozos"
Sobre el interior de los vehículos han indicado que estaban "inundados de basura", que los asientos estaban rajados y que "todo estaba arrancado", de tal modo que no encontraron ni los extintores, ni el sistema de comunicación interno. "Literalmente cortaron los asientos en trozos", ha subrayado uno de los agentes del Instituto Armado.
En cuanto a los otros cuatro vehículos, solo uno de los guardias civiles ha sido preguntado por este análisis en concreto y ha dicho que no recuerda si entraron en el interior de los coches pero que también tenían las mismas pegatinas, las lunas rotas e incluso uno de ellos apareció con el capó "algo hundido".
Este mismo agente de la unidad criminalística ha afirmado, en respuesta a la acusación popular ejercida por Vox, que no realizaron una valoración económica de los destrozos, ya que no son los encargados de hacer ese tipo de periciales.