El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha propuesto juzgar a los exgerentes de Convergencia Democrática (CDC) Germà Gordó, Daniel Osácar y Andreu Viloca: al exresponsable jurídico del partido Francisco Javier Sánchez Vera y a otras 28 personas físicas más y 16 jurídicas por organización criminal, fraude, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
El magistrado instructor del Caso del 3% ha hecho esta propuesta al considerar que los altos cargos de CDC actuaban con "connivencia con responsables públicos y funcionarios de la administración y empresarios" para financiar ilegalmente el partido. (CDC, Junts o PDeCAT. ¡¡Da igual cómo se llamen!! Son el mismo perro con distinto collar y esto lo demuestra)
Asimismo, José de la Mata ha señalado directamente a Germà Gordó, Daniel Osácar y Andreu Viloca por llevar a cabo "un control y seguimiento de las licitaciones de obra pública y servicios" ofrecidas por diferentes administraciones catalanas gobernadas por CDC.
"Influían en sus responsables a fin de conseguir que fueran adjudicadas a las empresas conniventes o asociadas a este pacto criminal", ha dicho sobre Gordó, Osácar y Viloca, a los que coloca en lo más alto de la organización.
El auto, de 304 páginas, pone fin a una investigación que se inició en 2015 en relación con determinadas actuaciones irregulares de personas vinculadas al Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona). (La Guardia Civil señala a los 'pitufos' golpistas Puigdemont, Rull, Turull y Forn en el caso de financiación ilegal del 3%)
"Existen indicios de que la finalidad de la organización constituida, integrada por las personas antes mencionadas, era poner en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político CDC, en forma encubierta, todo ello de acuerdo con un plan preconcebido, proyectado en el tiempo con una visión de largo plazo, ordenado de acuerdo con las directrices emanadas de la cúspide de la organización", ha explicado el juez en la resolución.
Todos los investigados eran necesarios para cerrar el círculo de las actividad delictiva y desarrollaron estas acciones con un solo fin, según ha señalado el juez de la Audiencia Nacional. (La Generalitat reclama a Convergencia que devuelva los 6,6 millones que choriceó en el Caso Palau)
Ese fin no era otro que "subvertir el estado de derecho y, mediante un intenso abuso de poder, usar la dirección de las Administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil en el caso de los empresarios, y organizacional en el caso concreto del dirigente del partido político, consiguiendo una 'financiación ilegal' para el mismo, acarreando un grave descrédito a la Administración Pública y un perjuicio al propio erario público".
Las adjudicaciones y donaciones
José de la Mata ha detallado todas las adjudicaciones y donaciones investigadas a lo largo de estos años. Además, ha identificado las empresas a las que se han adjudicado los contratos y ha examinado las reuniones entre los tesoreros con los empresarios.
El juez también ha hecho hincapié en la decisión de CDC de cesar su actividad en julio de 2016 para crear el PDeCat. Existe una aparente identidad entre ambas formaciones, ha explicado el juez.