El Tribunal de Cuentas juzgará a partir de este miércoles 10 de octubre al expresidente de la Generalitat, Artur Mas y otros miembros de su Govern por los gastos que generó a las arcas públicas la consulta del 9 de noviembre de 2014 sobre la autodeterminación de Cataluña, para dirimir si incurrieron en algún tipo de responsabilidad contable por el empleo de aquellos fondos.
Mas no estará solo en el banquillo de los acusados
En concreto, se sentarán en el banquillo de este tribunal en la calle Ortega y Gasset de Madrid, Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, el exconsejero de Presidencia Francesc Homs y la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau. Todos fueron ya enjuiciados por la organización del 9N, si bien Homs es el único que ha cumplido la condena, dictada por el Supremo dada su condición de aforado, y el resto están pendientes de que esta sea firme.
Junto a ellos, serán juzgados por su responsabilidad contable en la financiación de aquella consulta el ex asesor del presidente Mas Jordi Vilajoana, el ex director general de Difusión de la Generalitat y actual responsable de Medios Ignasi Genovés; la ex directora de Servicios de Gobernación Josefina Valls, el subdirector de Servicios de Gobernación, Lluis Bertrán, el director del DOGC, Jaume Domingo y la directora de Servicios de Presidencia, Teresa Prohías.
Una fianza de 5.251.948,17 euros
El juicio tendrá lugar un año después de que el Tribunal de Cuentas impusiese una fianza total de 5.251.948,17 euros para garantizar que se reintegre a las arcas públicas el dinero gastado en aquella consulta declarada ilegal, unos fondos que debían pagar de forma subsidiaria los investigados y que como no se abonó en tiempo y forma, fue confiscada en embargos de bienes inmuebles a los afectados.
El Tribunal de Cuentas dividió el coste que considera que supuso la celebración del 9N en varios bloques para calcular esta cantidad y concluyó que Artur Mas figuraba en todos ellos: Registro de página web institucional, fabricación de material para ser empleado en la votación y transporte del mismo, adquisición de ordenadores, campaña publicitaria y envío de información, entre otros.
Esta instancia se encarga de la jurisdicción contable, es decir, las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos. Su ámbito de actuación es compatible con la actuación de la jurisdicción penal y si los hechos acabaran siendo constitutivos de delito, sería el Tribunal de Cuentas quien fijase la responsabilidad civil por los mismos.
Acusado de desobediencia y prevaricación
En aquel caso, el Tribunal Constitucional había prohibido taxativamente la celebración de la consulta sobre la independencia en Cataluña, pero Artur Mas y su gobierno hicieron entonces caso omiso y la llevaron adelante en condiciones precarias. Mas fue acusado de dos delitos: desobediencia y prevaricación en una consulta en la que participaron 2, 3 millones de personas, con el resultado de un 80, 7% partidario de la creación de un Estado Indepedendiente para Cataluña.
La Justicia se acogió a una bravata del propio más el mismo 9-N: “Si la fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios que me miren a mí, el responsable soy yo y mi Gobierno”. Y la fiscalía señaló a Mas como "autor" y a sus consejeras como "cooperadoras necesarias" de los dos delitos, aunque finalmente Mas y su equipo fueron juzgados por desobediencia grave, usurpación de funciones, prevaricación administrativa y malversación de fondos.
Dos años de inhabilitación que acaban en cinco meses
El 13 de marzo de 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por los delitos de desobediencia por convocar la consulta del 9-N pese a la prohibición del Tribunal Constitucional (TC). A Artur Mas le cayó una condena de dos años de inhabilitación para acceder a cargos electos de ámbito local, autonómico o estatal y una multa de 36.500 euros. Es decir, dentro de cinco meses Artur Mas podríar reintegrarse a la actividad política. Para las conselleres Joana Ortega e Irene Rigau las condenas fueron de 1 año y 9 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros.
El TSJC, en decisión unánime, acordó, por otra parte, absolver a Artur Mas del delito de prevaricación en la consulta independentista del 9N, por el que la Fiscalía le pedía ocho años de inhabilitación. La la acusación popular la ejercieron los sindicatos policiales, Sindicato Profesional de Policía y la Unión Federal de Policía, Manos Limpias y la asociación Arca Ibérica.
"Soy el principal responsable de este proceso"
El 14 de noviembre del pasado año Mas se desmarcaba del procés cuando estaba a punto de ser embargado.“Soy el principal responsable de este proceso, pero no el único, hasta el 10 de enero de 2016“. El 10 de enero de 2016 fue investido Puigdemont con el respaldo de Junts pel Sí y la CUP, que exigió la retirada de Mas a cambio de su apoyo a un gobierno independentista.
“Cuando vi que no iba a ser presidente de la Generalitat, en vez de convocar de nuevo elecciones, decidí marchar, así que algo sí que asumí, porque no es normal que los presidentes se aparten”, dijo entonces Mas, que también admitió su posterior papel de "asesor" del govern de Puigdemont colaborando cuando se le consultaba.
Sin embargo, Mas defendió la naturaleza “democrática” y “no violenta” del “proceso” independentista durante los últimos cinco años, en los que “no ha habido ningún problema importante de orden público”, ha destacado, y también a sus protagonistas. “No son unos incultos ni unos ignorantes“, dijo.
La declaración de Mas ante Llarena
Y el 20 de febrero de 2018 el magistrado del Tribunal Supermo Pablo Llarena no acordó ninguna medida cautelar contra Artur Mas tras la declaración de tres horas que éste prestó por su presunta implicación en el 'procés'. Llarena le preguntó si estará a disposición del alto tribunal siempre que se le convoque, a lo que el exmandatario ha contestado afirmativamente.
A lo largo de su declaración, en la que contestó a todas las partes, incluyendo las 50 preguntas que le ha realizado la acusación popular ejercida por Vox, Mas reconoció que participó en reuniones estratégicas aunque las llamó "políticas". Y calificó la DUI de "puramente simbólica".
Llarena no hizo caso de VOX
Llarena adoptó su decisión pese a que Vox había solicitado que se le impusiera una fianza de al menos 60.000 euros para evitar la prisión, además de comparecencias quincenales ante un juez y retirada de pasaporte. La Fiscalía del Tribunal Supremo se adhirió a esta petición, si bien el juez no consideró conveniente acordarla. Mas fue incluido entre los investigados por el instructor del proceso, Pablo Llarena, por los cargos que ejerció como presidente del partido y porque formaba parte del comité estratégico del proceso soberanista catalán diseñado en el documento 'Enfocats'. Este plan de ruta fue incautado en el domicilio de Josép María Llové, mano derecha del exvicepresidente de la Generalitat en prisión preventiva Oriol Junqueras.
Según las investigaciones los imputados Mas y Lloveras, junto a los exmiembros de Govern y de la Mesa del Parlamento de Cataluña y el resto de investigados por Llarena podrían haber tenido una participación principal y destacada en el desarrollo del 'procés', "aportando el apoyo político que precisaron la actuación parlamentaria y la actuación de ejecución que llevaron este proceso a término. No obstante, en manifestaciones públicas Mas se ha mostrado recientemente contrario a la opción unilateral mantenida por el también expresidente Carles Puigdemont, huido en Bélgica desde finales del pasado mes de octubre.