¿Cómo se defenderá Mas para evitar el pago de 5 millones de euros?

  • Cataluña
  • 10-10-2018 | 09:10
  • Escribe: Lucas García

Artur Mas defendió que "no tuvo conciencia de actuar ilegalmente" para explicar su escaqueo en el pago de 5 millones.




El expresident de la Generalitat, Artur Mas declarará este miércoles, junto a otros tres consellers ante el Tribunal de Cuentas para tratar de evitar pagar 5 millones de euros por ser el responsable de la consulta catalana del 9-N en 2014.

Artur lo empezó todo y hoy le tocará declarar para tratar de evitar el tener que abonar 5 millones de euros, por la organización de la famosa consulta soberanista en 2014.



“No teníamos conciencia de que era ilegal”

Los independentistas asumirán el error y comentaran que no tenían conciencia acerca de la ilegalidad que tenía el asunto, sin embargo tratarán de escabullirse con dos argumentos ante el juez.

“Fuentes próximas a Mas, a la exvicepresidenta, Joana Ortega, y a los exconsellers Irene Rigau y Francesc Homs, explican que una de las principales líneas de defensa para evitar la condena del Tribunal de Cuentas por responsabilidad contable es que por la vía penal ya se rechazó la existencia de un presunto delito de malversación de caudales públicos”, destacan en La Vanguardia.



Otro de los argumentos que utilizará la defensa de los gastos (5 millones de euros, que se aprobaron ante del 4 de noviembre) será que, tras la suspensión acordada por el tribunal que defiende la carta magna, desde el Govern no se acordó ningún gasto. Durante la fase de instrucción del Tribunal de Cuentas, el órgano dividió el coste en varios bloques para fijar la cantidad -registro de página web institucional, fabricación de material para ser empleado en la votación y transporte del mismo, adquisición de ordenadores, campaña publicitaria, envío de información, entre otros- en los que Artur Mas aparece en todos.

“Los ordenadores se siguen utilizando”

Mas defenderá que los gastos de ordenador no produjeron ningún perjuicio a las arcas públicas, ya que fueron adquiridos parala consulta y se emplean en centros educativos actualmente, una ‘trola’ que tratará de colar para evitar pagar 5 millones de euros.



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