El 23 de febrero finalizará la inhabilitación de Artur Mas, tras haber cumplido 13 meses de condena por organizar el 9-n.
Esto implica que el expresident podría volver ese mísmo día a desempeñar un cargo público, lo que muchos esperan con ansia y otros tantos, entre ellos la CUP, desearían olvidar ya este nombre en la esfera política catalana.
Mas ha participado en una entrevista en FAQ's, donde Pilar Rahola confirmaba a los espectadores que el expresident 'había vuelto'.
Nada más lejos de las intenciones del expresident: "Ahora puedo ser candidato, pero quiero otra cosa. Yo no lucharé para ser candidato. La respuesta definitiva no la puedo dar. Sólo cuando JxCat haya aclarado su estructura, entonces podré tomar la última decisión" ha afirmado.
Eso sí, ha querido señalar que, de volver a la primera línea política, lo hará dentro de "una operación de unidad" . "Cualquier operación que se haga que no sea de unidad interna, la puedo llegar a comprender, pero no la encabezaré" afirmaba rotundamente, mostrando que es un candidato idóneo para conseguir la unidad entre partidos independentistas, algo casi imposible actualmente.
Los números traicionan a Artur Mas
Pese a que durante la entrevista repitió en varias ocasiones que su intención no es volver a la política per se, la realidad es que el expresident depende de su vuelta para poder sobrevivir económicamente.
Y es que, a partir de marzo, Mas se queda sin la pensión de expresident que ha estado cobrando hasta ahora, de 110.000 euros, gracias a la Ley 6/2003, que estipula que los ex presidentes catalanaes reciban "una asignación mensual del 80% de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo de presidente [...] durante un periodo equivalente a la mitad del tiempo que han estado en el cargo". (Una horda de independentistas rancios la toma con el Parlamento Europeo)
Mas podrá volver a disfrutar de un 60% de su sueldo, pero cuando se jubile, para lo que queda más de un año.
Esto hace que Mas necesite una posición política que le permita seguir cobrando un sueldo de seis cifras, quedando a merced de Puigdemont, que organiza la situación de Cataluña desde Waterloo.