El líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y el exconseller Raül Romeva han presentado este martes ante el Tribunal Supremo un escrito que pide la recusación del presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, en el juicio sobre el proceso soberanista.
En el escrito se alega que el "whatsapp de la vergüenza" que trascendió este lunes del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, evidencia el control político que el PP y el PSOE ejercen sobre el juez y el propio tribunal.
Según el abogado de Junqueras y Romeva, el whatsapp de Cosidó atribuye a Marchena "características personales vinculadas a una determinada orientación política que hacen dudar de la imparcialidad para la participación" en el juicio del proceso soberanista.
Andreu Van den Eyende, el abogado de Junqueras, ha reclamado al Tribunal Supremo la recusación de Manuel Marchena, magistrado al frente de la Sala Segunda y del juicio del 'procés', para garantizar "un proceso público en plena igualdad y con todas las garantías".
Marchena podría ser el encargo de la sentencia contra los golpistas
Y alega que la candidatura de Marchena para presidir el Supremo y el CGPJ pactada por el PSOE y el PP demuestra "su afinidad o no con cada uno de dichos partidos".
La estrategia de los presos golpistas pasa por borrar del mapa a Marchena en relación al proceso contra los cabecillas de la rebelión catalana. Junqueras ya intentó con Pablo Iglesias que el Gobierno influyera en el poder judicial en su favor.
Ahora, una vez conocida la decisión del juez Marchena de dimitir como presidente del Tribunal Supremo, el objetivo del independentismo es mantenerle alejado de la causa que se ha iniciado contra sus líderes. Y ya le va bien, en aras a su tradicional victimismo, recoger nuevos argumentos para dudar de la justicia española y aprovechar para proclamar su inocencia.
Sin embargo, el tiro le va a salir por la culata, ya que la renuncia de Marchena a presidir el Poder Judicial y el Tribunal Supremo puede devolver a la primera línea del Procés manteniéndose como presidente de la Sala Segunda del Supremo, lo que quiere decir que de él dependería la sentencia contra los presos golpistas