El Tribunal Supremo confirmaba, el pasado 28 de septiembre, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), por el que se condenaba al president de Cataluña, Quim Torra, a una pena de inhabilitación de año y medio por un delito de desobediencia, al no retirar símbolos independentistas de los edificios del Govern durante el periodo electoral.
Una decisión del Supremo que se implantaba inmediatamente, y que convertía a Torra en ex president de la Generalitat, activando la cuenta atrás para unos nuevos comicios en Cataluña.
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Sin embargo, ahora el Tribunal Constitucional (TC) podría contradecir al Supremo, habiendo programado una reunión en Pleno el próximo 6 de octubre para estudiar si suspenden cautelarmente la inhabilitación de Torra como president, tal y como ha solicitado su defensa.
Un giro judicial que favorece a los partidos independentistas, que actualmente no cuentan con un candidato conjunto a la Generalitat... y para el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que este movimiento del Tribunal Constitucional, si finalmente 'rehabilita' a Torra, acercaría más a los independentistas al Gobierno, consiguiendo así el apoyo suficiente para aprobar definitivamente los Presupuestos Generales del Estado.
No sería la primera vez que el Gobierno socialcomunista 'intercede' por los independentistas catalanes; por un lado, la mesa de negociación con los secesionistas y el Gobierno se mantiene en la agenda, mientras que, por otro lado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya trabaja para conseguir la amnistía a los líderes del procés.
Gonzalo Boye carga contra la condena de Torra
Gonzalo Boye, abogado del expresident, así como de otros muchos líderes independentistas, ha sido el responsable de presentar el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que ahora estudia la situación.
Un documento, de casi páginas de extensión, en las que el abogado de Torra ha afirmado que la "desobediencia" del expresident no fue más que su "ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión", y que su condena responde a un "fraude constitucional".
"No solo se buscaba corregir la acción política del presidente de la Generalitat" afirma Boye en el escrito, sino que también se tenía "el objetivo claro de derrocar al Gobierno de la Generalitat por razón de las manifiestas políticas de su presidente en ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión".
Así pues, el recurso presentado por el abogado ha solicitado que, como medida cautelar y mientras el Constitucional estudia la condena, se suspenda la inhabilitación para evitar "un daño irreparable" dentro de la política catalana.