Cs ha presentado una moción en el Parlament que pide al Govern disolver como las delegaciones de la Generalitat en el exterior, el Diplocat y "todas las estructuras diseñadas y utilizadas para la difusión de la propaganda separatista y de acción exterior contraria a los intereses de España".
La iniciativa recogida por Europa Press se debatirá y votará en el pleno de la semana que viene e insta al Govern a no autorizar el uso de los recursos públicos destinados a la acción exterior de la Generalitat "para promocionar el separatismo y la propaganda contra España".
Sin posibilidades de prosperar
Sin embargo, tiene pocas posibilidades de prosperar, ya que necesitaría el apoyo del PSC, los comuns y el PP para superar al bloque independentista.
Asimismo, reclama que el Govern ejerza sus competencias de acción exterior con "lealtad institucional" y defendiendo los intereses de España.
Además, pide que el Govern aclare el coste y las actividades de las delegaciones de la Generalitat en el exterior, los costes de "la ilegal preparación y organización" del 1-O, detallando cuánto costaron los observadores internacionales y los lobbies internacionales que supuestamente contrató el anterior Govern, entre otras cuestiones.
Defiende que el Govern pida disculpas al Parlamento Europeo por la "falsa y engañosa utilización del término 'observadores internacionales del Parlamento Europeo" para referirse a los eurodiputados que estuvieron durante el 1-O.
Cs también quiere que el Ejecutivo catalán explique qué criterios ha utilizado el Govern para la "infracción continuada y sistemática vulneración del principio de neutralidad", y la actuación de la Conselleria de Interior ante las acciones de los CDR.
Quieren saber lo que hace Torra cuando sale de España
Otro punto de la moción exige al Govern que elabore en tres meses un plan de "optimización" de los gastos en acción exterior y que informe en el Parlament sobre la agenda internacional del presidente Quim Torra y de los consellers.
Y otro pide el cese inmediato de todos los cargos institucionales de la Generalitat que "tengan la condición de investigados en un procedimiento judicial o fugados de la justicia", como es el caso de la exconsellera y actual delegada del Govern en Bruselas, Meritxell Serret.