¡¡Cataluña vive al margen de la ley!!

  • Cataluña
  • 11-12-2019 | 08:12
  • Escribe: Pedro Riscal

El Parlament funciona como una república bananera y dictatorial y Joana Ortega sigue en activo pese a estar inhabilitada.


La clase política catalana se ha acostumbrado a vivir al margen de la ley. Los políticos condenados en la sentencia del Tribunal Supremo lanzaron un desafío a la Constitución y las leyes españolas y abrieron una vía de actuación que ha encontrado imitadores. En los tiempos que corren, el desprecio a la ley se ha convertido en pauta de comportamiento en Cataluña.

El Parlament presionará hoy a los jueces

Hoy mismo, sin ir más lejos, el Parlament de Cataluña mostrará su talante reaccionario con un pleno en el que se votará una propuesta de resolución de JxCat, ERC y la CUP que pide la libertad de los CDR encarcelados por un presunto delito de terrorismo.


No dejan claro a quién lo piden. Si al gobierno de Sánchez o a los jueces. Pero lo cierto es que la presión parlamentaria a la justicia no es la mejor manera de respetar la división de poderes que debe imperar en un estado de derecho en el que el judicial necesita vivir de forma independiente al ejecutivo y legislativo.

Torra saca pecho por su desobediencia

Pero en el Parlament de Torrent las cosas se hacen así. Los partidos independentistas, que disfrutan de mayoría parlamentaria aunque jamás hayan conseguido la social, reclaman el archivo de la causa contra los CDR detenidos el 23 de septiembre, su "liberación inmediata" e investigar las posibles vulneraciones de derechos fundamentales y falta de garantías procesales que se puedan haber producido durante su detención y encarcelamiento.


Es ya un modelo de conducta en los centros del poder político catalán. El propio Quim Torra, el presidente de la Generalitat, presume de desobedecer a la ley y saca pecho porque el TSJC le ha juzgado por desobediencia.

Y el Parlament funciona como una república bananera y dictatorial en donde se desobedecen las leyes sin ningún rubor cuando éstas no gustan a los que mandan.



Joana Ortega pasa de las decisiones judiciales

Por ejemplo, la exconsellera Joana Ortega, una pieza vital en el anterior Govern de Artur Mas, el que impulsó el Procés y el que inoculó en la ciudadanía la obsesión por el derecho a decidir que no está registrado en ningún texto legal. 

El TSJC le ha dado un toque de atención llevándola al juzgado por incumplir la inhabilitación que le fue aplicada por impulsar el 9N al fichar como asesora de la Conselleria de Empresa y Conocimiento de la Generalitat el 17 de mayo. El TSJC entiende que Ortega ha podido incumplir la pena de inhabilitación, que finalizaba el 19 de octubre de 2019, al constatar la "incompatibilidad" del cargo con la condena.

Ortega se incorporó en mayo para asesorar a la titular del departamento, Àngels Chacón, en proyectos transversales en materia de fomento de la economía productiva, y también para preparar la documentación que la Conselleria tramita al Consejo Técnico sobre este tipo de proyectos y elaborará informes sobre los resultados de su aplicación. Su nombramiento ya se vio envuelto en la polémica porque nadie del Govern pudo explicar con detalle en qué consistía el nuevo trabajo de la ex consellera.

"Generosamente retribuida"

Por la asesoría en la Conselleria Empresa percibió un importe bruto de 32.110,84 euros entre mayo y octubre de 2019, según recoge el auto del TSJC. Al conocer estas informaciones laborales que podían "colisionar" con la pena impuesta, el TSJC pidió opinión a la Fiscalía, que solicitó que no se diera por cumplida la pena y se hiciera la deducción de particulares por un presunto delito de quebrantamiento de condena.

El tribunal considera que este puesto de trabajo como asesora del Govern presenta "todas las trazas requeridas para ser tenida como actividad o cargo análogo al desempeño de funciones de gobierno autonómico", impedidas por la pena de inhabilitación.

Entre otros motivos, cita que es un cargo que participa en lo público, se retribuye --"y generosamente"-- con dinero público, el nombramiento es discrecional, escapa de todo control sobre mérito y capacidad, y además el gobierno autonómico al que asesora Ortega, según dice textualmente el tribunal, es el mismo aprovechado para cometer el delito por el que fue condenada.

Es sólo una muestra de la desfachatez con la que actúa la clase política independentista. Joana Ortega, acostumbrada a mandar, no ha podido resistir la tentación de seguir mandando por encima de la decisión de los jueces. Estaba inhabilitada para ejercer un cargo público de carácter político, pero a ella le da igual. Se entiende que necesiten de la independencia como el aire que respiran para conseguir que ningún juez se atreva a cuestionar sus conductas. Ha quedado claro que esto en España lo tienen mal.

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