El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que, pese a las críticas recibidas, los indultos serán aprobados de forma 'inminente', concediéndose esta medida de gracia a los líderes del procés a comienzos de este verano.
Un convencimiento que ha hecho que muchos dirijan ahora sus miradas hacia el Rey Felipe VI, responsable último de los indultos, ya que, cuando la medida sea propuesta y aprobada en Consejo de Ministros, será el monarca quien tenga que poner su rúbrica en el documento para convertirlo en una realidad.
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Algo que preocupa entre los partidos constitucionalistas y en el palacio de la Zarzuela donde, según publica Periodista Digital en base a fuentes internas, los servicios jurídicos de la Casa del Rey están buscando una alternativa para el monarca.
Alternativa que, según el abogado Mario Conde, podía estar oculta en el artículo 62 de la Constitución Española, tal y como ha asegurado en su columna publicada en 'El Correo de España'.
El Rey podría acogerse a su deber constitucional
Según el apartado f) de dicho artículo, el Rey debe "expedir los decretos acordados en consejo de Ministros"; eso sí, ese mismo artículo contiene una excepción en su apartado i), que estipula que el Rey debe "ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales".
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El uso del verbo "ejercer", en vez de "expedir" en el caso de los indultos, invita a sospechar, según Conde, que el Rey podría "practicar los actos propios" de su "oficio" de monarca, contemplados en el artículo 56, que destaca que el Rey debe "arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones".
Así pues, ante el conflicto entre los poderes Ejecutivo y Judicial, deseando el Gobierno aplicar la medida de gracia a los independentistas, y el Tribunal Supremo, que ya ha mostrado su rechazo a ese indulto, es el monarca quién, constitucionalmente, tendrá la prerrogativa de gracia, ejerciéndola de la manera que considere conveniente para la estabilidad institucional.