Es un caso de corrupción puro y duro. La diputada Laura Borràs prevaricó presuntanente durante su etapa de alto cargo en la Generalitat de Cataluña otorgando contratos a dedo a un amigo aprovechándose de su posición. Por eso la van a juzgar. Pero ella ya ha montado el circo haciéndose pasar por una santa y acusando al Estado represor de perseguirla por su condición de independentista. Lo de siempre.
Borràs habla de "persecución política"
La portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, ha pedido a los diputados que rechacen el suplicatorio que ha pedido el Tribunal Supremo para investigarla por los delitos de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
A su juicio, se trata de una causa "profundamente injusta" en su contra y una "persecución política", por lo que no contempla dimitir, y espera especialmente que haya unidad independentista con ERC y CUP, aunque no parece de sus socios estén por la labor de tapar su faceta de corrupta.
Borràs ha comparecido ante la Comisión del Estatuto de los Diputados, la encargada de estudiar los suplicatorios, que la había dado un plazo de diez días para presentar alegaciones, ya fuera por escrito o bien de forma oral, que ha sido la vía escogida. Aunque pidió que su comparecencia fuera pública, no ha podido ser ya que el Reglamento establece que todas las reuniones de esta comisión se celebran a puerta cerrada.
Los delitos que se le imputan suman 15 años de cárcel
Según ha explicado ante la comisión y después ante los medios de comunicación, los delitos que se le imputan, que suman 15 años de cárcel, responden a una "causa construida" en su contra por una juez de instrucción "incompetente y manifiestamente negligente", en colaboración con la Guardia Civil y la Fiscalía.
A su juicio, sus derechos fundamentales han sido "arrollados" y la primera comunicación oficial de la causa le llega por el Congreso, cuando la juez preguntó si era diputada y, por tanto, aforada. "Esta pesadilla empezó en noviembre de 2018, cuando aparecieron en prensa las primeras noticias--se ha quejado--. No soy culpable, no he cometido ninguno de los delitos".
"En el Supremo no tendré un juicio justo"
La portavoz de la formación que lidera Carles Puigdemont está convencida de que en el Supremo no tendría un "juicio justo", por lo que ha pedido a los diputados que no cometan el "despropósito" y la "injusticia" de autorizar su suplicatorio, ya que se convertirían en "cómplices" de esa injusticia que denuncia.
La diputada independentista ya intentó parar el procedimiento recurriendo ante la Mesa del Congreso al considerar que el Supremo no había respetado sus derechos, pero el órgano de gobierno de la Cámara rechazó su queja con los votos de PSOE, PP y Vox, mientras que Unidas Podemos optó por la abstención. No obstante, este jueves el portavoz del grupo confederal ya ha avanzado que su formación votará a favor de la concesión del suplicatorio.
Laura Borràs ha asegurado que, si deja el escaño por la investigación del Tribunal Supremo por su gestión durante su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), daría "el mensaje de que la represión funciona".
"Si lo que hago es permitir que esta voluntad se cumpla, ¿qué le decimos a las cloacas del Estado? Continuad haciéndolo porque es efectivo. El efecto es que esta persona se aparta. El mensaje es: adelante, la represión funciona", ha defendido en una entrevista este viernes en Catalunya Ràdio.
"No votan la inocencia"
La portavoz de JxCat ha destacado que en el suplicatorio los diputados "no votan sobre la inocencia o culpabilidad, sino sobre si la persona estará en disposición de obtener un juicio justo", y ha subrayado que para impedir un juicio sin garantías se debe votar que no al suplicatorio.
Ha asegurado que ella ha acompañado a los políticos independentistas "sean del partido que sean" cuando han ido a juicios y no se ha creído las acusaciones de corrupción que les imputaban, y ha explicado que en privado la CUP le había sugerido que dejase su escaño, pero ella no lo hará porque se debe a sus votantes y tiene la conciencia tranquila, en sus palabras.
Borràs ha sostenido que no pide a nadie que vote en contra del suplicatorio: "Sé lo que pienso que se debería votar: si tendré un juicio justo. Cada organización política decide", al ser preguntada por si ha reclamado el voto negativo a ERC y la CUP.
"La justicia española es más española que justicia"
"La justicia española es más española que justicia", ha afirmado Borràs, que ha defendido que este caso comenzó con una jueza a la que ha acusado de prevaricar, de no tener indicio de delito y de investigarla para construir un delito, ha dicho textualmente.
Ha insistido en que hay dos informes que demuestran su inocencia, uno de los Mossos d'Esquadra y otro de la Sindicatura de Cuentas: "Hay estos mecanismos externos que demuestran que no hay ningún delito".
Insinúa que la Guardia Civil se ha inventado sus emails
También ha criticado que el Supremo no le haya notificado ni a ella ni a sus abogados la petición del suplicatorio al Congreso y ha opinado que esta manera de funcionar "genera una indefensión jurídica máxima".
Ha reprochado que este trámite llegó al Congreso en fase 0 de desconfinamiento y en pleno estado de alarma, y que ha tenido que presentar alegaciones sobre un texto "que no conoce", tras lo que ha destacado que solicitó comparecer a puerta abierta pero no se le permitió.
Sobre los mails que la Guardia Civil aporta como prueba, Borràs ha asegurado que no los ha escrito, que no los tiene y que solo los ha visto publicados: "Me puedo hacer responsable del trabajo que he hecho. A ellos no les hace falta demostrar ni el trabajo que he hecho", ha censurado Borràs.
Rufián se hace el sueco
Junts, obviamente, votará en contra del suplicatorio, y espera especialmente la misma posición de las demás formaciones independentistas. Eso sí, la CUP no la ha escuchado porque no forma parte de la comisión y, en cuanto a ERC, admite que lleva días "persiguiendo" a Rufián para ponerle al corriente del tema pero no ha conseguido que la atienda: "No ha encontrado el momento", ha dicho.
En todo caso, ha querido dejar claro que no contempla dimitir: "¿Cómo se me va a pasar por la cabeza si estoy denunciando una persecución política?", ha asegurado, remarcando que hacerlo sería dar la razón a quienes buscan su condena.
La Comisión del Estatuto de los Diputados que preside la socialista Begoña Nasarre, debe ahora elevar una propuesta al Pleno de Congreso, que es quien tiene la última palabra. El debate y votación en sesión plenaria, que tampoco será público, se espera para finales de junio o principios de julio. Los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto ya que su voto es secreto. Sólo se da a conocer el resultado.
La votación de este suplicatorio puede suponer otro elemento de ruptura entre Junts y ERC, socios en el Govern de la Generalitat. Los republicanos aún no han desvelado el sentido de su voto, pero la opinión mayoritaria en el partido se inclina por favorecer que la diputada rinda cuentas por esos contratos.
Todo apunta a que esta vez no habrá la misma unidad de voto entre los independentistas que en el último suplicatorio votado en el Congreso, el del portavoz de la antigua Convergència, Francesc Homs, investigado por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña cuando era conseller de Presidencia. En aquella ocasión, el 22 de noviembre de 2016, los independentistas, los nacionalistas y Unidos Podemos votaron en contra al considerar que se trata de una causa política, aunque el suplicatorio salió adelante con los votos del PP, PSOE y Ciudadanos.
El último suplicatorio que se denegó fue hace más de 30 años
Hasta ahora el Congreso ha aprobado 31 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.
En las legislaturas anteriores se autorizó a juzgar a tres diputados del PP --Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte-- que habían dado positivo al volante y el anterior fue el que dio vía libre a investigar al también 'popular' Jesús Merino por el 'caso Gürtel'. El del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.
Además, entre los concedidos destacan los del ex ministro socialista José Barrionuevo por el 'caso GAL' o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.
La CUP la invita a dejar el escaño
La diputada de la CUP en el Congreso Mireia Vehí ha insistido este viernes en pedir que la portavoz de JxCat en el Cámara, Laura Borràs, deje su escaño, ya que cree que sería la "solución óptima" ante el suplicatorio del Tribunal Supremo (TS) para investigarla por contratos cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
"Dejando el escaño se asegura que tienen un juicio de entrada mucho más justo del que podrá tener en el TS y, por otro lado, se aclara la situación de si ha habido delito", ha defendido Vehí en declaraciones a los medios, en las que ha pedido a Borràs un acto de generosidad hacia el independentismo.
Vehí ha sostenido que esta sería una solución ejemplar y eficiente y que lo importante no son las personas, sino los proyectos políticos, ha asegurado después de que Borràs haya advertido en una entrevista de Catalunya Ràdio de que lanzaría el mensaje de que "la represión funciona" si deja el escaño.