Los independentistas radicales llevan más de cien días cerrando la Meridiana de Barcelona para manifestarse contra la sentencia a los líderes del 1-O.
Estos cortes han creado un nuevo ambiente de tensión y malestar dentro de la Ciudad Condal, ya que muchos ciudadanos se ven afectados día tras día por estos cortes a la hora de salir de su trabajo, viendo cómo se forman inevitables atascos, mientras la Guardia Urbana de Ada Colau no hace nada al respecto.
Es más, en vez de intentar solventar esta situación, desde las instituciones públicas se castiga a aquellos ciudadanos que se quejen de los cortes, llegando incluso a multar a los conductores que hagan sonar el claxon en el atasco producido por los separatistas.
Esta situación, lejos de ir a menos según pasan los días, parece que van a más: sobre todo, después de que la Generalitat de Quim Torra haya permitido que estas manifestaciones continúen, al menos, hasta el 18 de marzo, aceptando la petición de la ANC de continuar con estos cortes, amparándose en el "derecho constitucional de la manifestación".
Así lo ha afirmado Miquel Buch, consejero de Interior en el Govern de Torra, que ha aceptado la solicitud ya que, según el conseller, las manifestaciones "no suponen un riesgo ni para las personas ni para los bienes".
En contra de la opinión de la Guardia Urbana
El apoyo del Gobierno de Quim Torra a los independentistas es contraria al informe presentado por la Guardia Urbana de Barcelona ante el Govern. (Sánchez comparte mesa de diálogo con el organizador del golpe de estado del 1-O)
Los agentes han afirmado ante las autoridades pertinentes las continuas discrepancias entre los conductores de la vía y los manifestantes, así como las continuas quejas de los vecinos y comerciantes de la zona.