La chulería a Quim Torra le va a salir muy cara. El juez instructor le quiere mandar al banquillo por los delitos de desobediencia y denegación de auxilio.
La broma del lacito amarillo colgado del Palau de la Generalitat y de otros edificios del gobierno catalán durante el periodo de campaña electoral puede suponer hasta 3 años de inhabilitación.
La simbología catanazi puede costarle el trabajo
Torra quiso mantenerle el pulso a la Junta Electoral Central. Su prepotencia le costará el puesto. Primero empezó jugando cambiando el color del lazo hasta que finalmente se acobardó y acabó retirando la pancarta.
El comportamiento del supremacista Torra encaja a la perfección con el artículo 411 del Código Penal: “la autoridad o funcionario público que, habiendo suspendido, por cualquier motivo o que no sea el expresado en el apartado segundo del artículo anterior, la ejecución de las órdenes de sus superiores, las desobedeciere después de que aquellos hubieran desaprobado la suspensión, incurrirá en las penas de multa de 12 a 24 meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años”.
Hasta 29.000€ de multa
Fue la Fiscalía General del Estado la que abrió el procedimiento en marzo, donde ya apuntaba en su querella a delitos similares y que dará pie a la apertura del juicio oral.
Ahora se abre un plazo para que las partes informen de cómo procederán, si le sentarán en el banquillo o no. El trámite se llevará a cabo durante el mes de julio. La celebración de la vista será a final de septiembre o en octubre.
Junto en el segundo aniversario del butifarrendum y cuando se espera la sentencia del Tribunal Supremo a los golpistas de Junqueras, Forn, Rull y compañía. Sólo quedará pendiente el juicio contra la Mesa del Parlament por el “procés”.