El pasado julio, la patronal Fomento de Trabajo denunciaba a ANC por la campaña 'Consumo estratégico', una herramienta web para que los consumidores conocieran, supuestamente, qué empresas tenían "responsabilidad social" con el independentismo; es decir, una campaña que apoyaba a las empresas independentistas, en detrimento de las no-secesionistas.
El 20 de diciembre, el juzgado mercantil nº11 ordenó el cierre de esta campaña, considerando que era "un boicot a las empresas que no son pro-procés".
Además, la sentencia ordenaba el "cese de cualquier actuación, por el medio que sea, con trascendencia pública que suponga la difusión de la campaña Consumo estratégico, objeto de este procedimiento, y que se abstenga de realizarlas en el futuro".
Ahora la Asamblea Nacional Catalana ha decidido obedecer el mandato judicial, al menos, de forma temporal.
"Represión a la libertad de expresión"
ANC ya ha informado del cese a través de un comunicado interno, cerrando a la vez el buscador web de empresas, y eliminando su participación en ferias propagandísticas.
"Desde la Asamblea se seguirá luchando por el caso jurídicamente, pero, de momento, tendrá que detener toda la acción pública de Consumo estratégico" afirman en el comunicado. (Así ha empezado a pagar el Gobierno su deuda con el independentismo catalán)
Uno de los coordinadores de la iniciativa, David Fernández, ha hablado con ElNacional.cat, y ha afirmado que esta decisión judicial es "una represión a la libertad de expresión extraordinaria".
"No hacemos boicot a nadie, sólo informamos al consumidor para que elija con libertad" - ha defendido, afirmando que "la demanda de Fomento es un lastre a la libre elección del consumidor".