Adéu, Torra, adéu. El presidente de la Generalitat vive sus últimos horas en su cargo. El Tribunal Supremo acabará con su carrera política como consecuencia de su delito de desobediencia a la ley que le inhabilita para ejercer la representación de nadie.
El Tribunal Supremo (TS) revisará este jueves en vista pública la condena al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia al mantener en la fachada del Palau de la Generalitat una pancarta por la libertad de los presos del 1-O pese a la orden de la Junta Electoral Central (JEC) para que la retirara.
Cuándo se conocerá el fallo
Torra ha recurrido al Supremo porque interpreta que la sentencia del TSJC busca apartarle “ilegal e ilegítimamente” de su cargo de presidente de la Generalitat dentro de una operación “palmaria de persecución política”. Su defensa se basa en que ese fallo vulnera once principios legales como el derecho a un juez imparcial, la libertad de expresión y la presunción de inocencia.
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Si el Tribunal Supremo ratifica la sentencia y rechaza el recurso de Torra, éste quedará inhabilitado, no sólo como diputado, sino para ejercer cualquier cargo público, incluído el de presidente de la Generalitat. Torra acudirá a la vista, pero en calidad de oyente. Está prevista la intervención de Gonzalo Boye de 20 minutos y otra de la Fiscalía por el mismo tiempo. Y el fallo, sea cual sea, no se conocerá hoy y se espera que llegue en dos semanas. Está previsto que se haga público coincidiendo con la sentencia del Caso Gurtel y del Caso Trapero.
Si el fallo es contrario a Torra, aún le queda la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional vía recurso de amparo solicitando la suspensión de la ejecución de la condena. Una vez confirmada la sentencia, Torra quedará inhabilitado y el vicepresidente Pere Aragonés, de ERC, se convertiría en presidente en funciones, aunque desde JxCat se reclama que nadie ocupe el lugar de Torra como manera de expresar desobediencia a la sentencia que todos dan por hecha en contra de los intereses del actual presidente.
Tercer presidente que choca con la Justicia
Torra es el tercer president de la Generalitat que en los últimos cuatro años puede ser apartado de su cargo por razones judiciales. Antes ya pasaron por este trance Artur Mas, a quien inhabilitó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el año 2016 por la consulta del 9-N del 2014. Luego el Tribunal de Cuentas le juzgó por una presunta malversación para destinar fondos públicos a la consulta.
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Luego Carles Puigdemont saltó de la presidencia como consecuencia de la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Entonces, en 2017, el Tribubal Supremo le consideró responsable del 1-O y, aunque ganó las elecciones autonómicas catalanas, la amenaza de detención y encarcelamiento preventivo que pesaba sobre él le impidió tomar posesión al ser descartada la investidura telemática.
El victimismo de siempre
Como ya era previsible, el abogado de Torra, Gonzalo Boye, tira de victimismo y acusa al tribunal que juzgará al presidente de "falta de imparcialidad absoluta".
Un tribunal de cinco magistrados escuchará los argumentos de la defensa de Quim Torra, que ejercen los abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal, contra la condena que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por desobedecer a la JEC, que le ordenó retirar la pancarta y un lazo amarillo durante el periodo electoral de las elecciones del 28 de abril de 2019.
En el recurso de casación, Torra alegó que quieren apartarle ilegal e ilegítimamente de su cargo, y apuntó a "clara intencionalidad política que, a su vez, tiene serios indicios de constituir una palmaria persecución política" por parte de los denunciantes y del tribunal.
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Torra invocó la vulneración del derecho a un juez imparcial y lamentó "la falta de imparcialidad" de los miembros de la Junta Electoral Central (JEC), del magistrado instructor y del tribunal que le juzgó, por sus posicionamientos públicos contra el proceso soberanista y sus representantes.
La Fiscalía y Vox, la acusación
También expondrán sus razones la Fiscalía, con la fiscal Pilar Fernández Valcarce en la Sala, y la acusación popular, que ejerce Vox, ambos favorables a confirmar la sentencia del TSJC, lo que supondría confirmar la inhabilitación de Torra y su salida de la Presidencia de la Generalitat.
La Fiscalía pidió inadmitir este recurso de casación al considerar que las resoluciones de la JEC que afectaron a Torra no tenían como finalidad perseguirle políticamente, como sostiene la defensa del presidente de la Generalitat.
Los cinco magistrados encargados de dirimir este asunto son Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Vicente Magro y Susana Polo, los tres primeros integrantes de la Sala que dictó la sentencia por el proceso independentista en Cataluña.
También se le inhabilitará para la Eurocámara
El fallo del TSJC que se revisará este jueves también incluye la inhabilitación para presentarse a las elecciones a la Eurocámara, algo que la defensa de Torra considera contrario al derecho europeo y que podría recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), enfocando todos los recursos a la posibilidad de llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
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Al tramitar el recurso después de la sentencia del TSJC, Torra planteó al TJUE cuestiones prejudiciales relativas a la imparcialidad del tribunal que le ha juzgado, y si se admiten tendrá un plazo de al menos seis meses para resolverlas.
De forma paralela, sigue pendiente otro recurso por esta causa en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, ya que Torra recurrió el acuerdo de la JEC por el que le retiraba el escaño en el Parlament a raíz de la sentencia del TSJC.
Torra desaparecerá de la mesa de diálogo con el gobierno
El TSJC condenó a Torra el 19 de diciembre de 2019 por desoír la orden de la JEC antes de las elecciones generales del 28 de abril de 2019, y por estos hechos fue sentenciado a un año y medio de inhabilitación además de a una multa de 3.000 euros por un delito de desobediencia.
En el juicio en el TSJC, Torra reconoció que desobedeció a la JEC, alegando que "era imposible cumplir una orden ilegal", ya que su defensa sostiene que este órgano no tiene potestad para dar este tipo de órdenes al presidente de la Generalitat, y alega que en el procedimiento se han vulnerado sus derechos fundamentales.
La condena será firme si el Supremo la avala, si bien Torra podría presentar un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) y pedir la suspensión de la sentencia.
Además, si finalmente resulta inhabilitado, Torra desaparecerá de la mesa de diálogo que mantienen los líderes independentistas con el Gobierno de Pedro Sánchez. El ejecutivo central no le considerará como interlocutor válido en esos encuentros.
Puigdemont envía ánimos a Torra
El expresidente de la Generalitat y líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha enviado "mucha fuerza" al actual presidente, Quim Torra, por la vista pública que se celebrará este jueves en el Tribunal Supremo (TS).
"Hoy, el presidente de la Generalitat se encuentra ante la justicia española por ejercer un derecho fundamental. No lo normalicemos, no dejemos que la represión banalice derechos fundamentales. Mucha fuera presidente Quim Torra", ha expresado Puigdemont.