La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha apoyado que se investigue al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por permitir concentraciones multitudinarias los días previos a la declaración del estado de alarma, entre ellas la marcha del 8 de marzo y cree que si conocían el riesgo podría haber "un delito de homicidio voluntario".
En rueda de prensa telemática, tras la Junta de Portavoces, Monasterio ha señalado que es necesario saber si no se informó adecuadamente a todos los españoles de los riegos de que se produjera esa celebración en Madrid.
"Si en el Gobierno tenían en su poder informes que avisaban del grandísimo riesgo pues presuntamente habría un delito de homicidio voluntario y que por sectarismo no se avisó a la población. Apoyamos que se investigue y no se purgue a quien realiza informes", ha lanzado.
Por su parte, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha sostenido que si el delegado del Gobierno en Madrid fuera un cargo del PP, "mucha gente estaría pidiendo hoy su dimisión". (¡Esto acabará mal! Dimite el DAO de la Guardia Civil un día después del cese de Pérez de los Cobos. Y el Gobierno recibe un aviso para navegantes)
"Nos parece poco serio", dice Más Madrid
En este punto, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha mostrado todo "su respeto" a las decisiones judiciales pero que le parece "poco serio" que el pasado 8M no solo se celebraron en Madrid "representaciones en más de 100 obras de teatro, partidos de baloncesto, el miting político de Vox o el Salón Internacional del Estudiante en Ifema".
"Echarle la culpa del Covid al 8-M es tan ridícula como ruín", ha lanzado Perpinyà, en declaraciones remitidas a los medios.
A la portavoz adjunta de Unidas Podemos-IU, Sol Sánchez, ha indicado que les preocupa la imputación porque está fundamentada "en un informe plagado de inconsistencias".
La Guardia Civil dice que Franco permitió 130 manifestaciones del 5 al 14 de marzo pero prohibió una ante casa de Iglesias
Por su parte, el informe realizado por la Guardia Civil por encargo de la juez Carmen Rodríguez-Medel, destaca que la Delegación del Gobierno de Madrid autorizó entre el 5 y el 14 de marzo 130 manifestaciones o concentraciones, pero prohibió una ante la casa del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Algo que pone de manifiesto, según señala el texto, la "diferente gestión" por parte de la Delegación del Gobierno de unos expedientes con relación a otros.
El citado informe se ha realizado en el marco de la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por la autorización de la marcha del 8-M. En él se concluye que a partir del pasado 5 de marzo "no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del covid-19".
El citado informe expone que, en base a las investigaciones realizadas por el instituto armado, "puede observarse como entre los días 05 y 14 de marzo se han celebrado ciento treinta (130) reuniones/manifestaciones sin que por parte de la Delegación del Gobierno se muestre ningún tipo de objeción a la celebración de las mismas". (El PP denuncia los planes totalitarios del Gobierno: "Está más cerca de Bildu que de la Guardia Civil")
En el mismo informe se mencionan tan solo 6 comunicaciones no autorizadas y se expone que todas ellas se basan en errores en los plazos de presentación de la comunicación por parte de los promotores, a excepción de una que se pretendía efectuar en las inmediaciones del domicilio del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias Turrión, en la localidad de Galapagar (M).
La manifestación estaba convocada por parte de una asociación de agricultores y ganaderos el día 14 de marzo de 2020 (con número de expediente 447). Pero, según el informe de Guardia Civil, la Delegación del Gobierno decidió prohibir el desarrollo de la misma "haciendo un juicio de valor sobre los derechos fundamentales del honor, intimidad personal y familiar y la propia imagen, así como la inviolabilidad domiciliaria, ponderándolos con el derecho de reunión".
La conclusión del informe del instituto armado sobre esta última resolución de José Manuel Franco, indica que "el Delegado del Gobierno conoce los cauces y mecanismos legales por los que prohibir, modificar el lugar, horario o itinerario de una determinada reunión/manifestación".
Por todo lo anterior se observa una diferente gestión, por parte de la Delegación del Gobierno, de unos expedientes de comunicación de reuniones y manifestaciones con respecto a otros. (¿Por qué oculta Irene Montero, la marquesa de Galapagar, los informes ministeriales que permitieron los actos del 8-M?)
La Guardia Civil a la juez: "No se debería haber celebrado ninguna manifestación en Madrid a partir del 5 de marzo"
Y es que en el informe realizado por la Guardia Civil por encargo de la juez Carmen Rodríguez-Medel en el marco de la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por la autorización de la marcha del 8-M se concluye que a partir del pasado 5 de marzo "no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del covid-19".
En el documento, de 83 páginas y al que ha tenido acceso Europa Press, también se afirma que a partir de la mencionada fecha tampoco se deberían haber celebrado unas y cancelado otras, "como al final terminó ocurriendo", en referencia a la convocatoria de la marcha por el Día de la Mujer en Madrid mientras se suspendía un congreso evangélico en la ciudad.
Según los investigadores de la Guardia Civil, en esas fechas ya existía un "profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad por parte de los responsables sanitarios, así como del control exhaustivo de la evolución de la misma, cuando menos con fecha 5 de marzo de 2020, y de cómo los mismos evidenciaron que el evento no se podía celebrar, precisamente por los riesgos que comportaba la concentración de personas".
El informe subraya en sus conclusiones que las "recomendaciones imperativas" que se transmitieron desde el Ministerio de Sanidad al "colectivo evangélico" y el "nivel directivo de los responsables sanitarios que asisten a las reuniones" son indicios de la "preocupación" de éstos frente a la pandemia y "su interés real por velar por la salud pública, precisamente impidiendo la celebración de eventos multitudinarios".
Con el análisis documental llevado a cabo, concluye la Guardia Civil, se constata que la Delegación del Gobierno "tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones en fechas previas a la declaración del estado de alarma, de las que había tenido conocimiento y por ende había permitido su celebración".
Informes llegados a la delegación
El análisis incide de forma pormenorizada en que la titular del Juzgao de Instrucción número 51 de Madrid solicitó información a la Delegación del Gobierno sobre todas las manifestaciones que iban a celebrarse entre los días 5 y 14 de marzo de 2020, así como sobre las comunicaciones sanitarias que se hubieran realizado con anterioridad al 14 de marzo de 2020 sobre posibles riesgos que pudieran ocasionar la celebración de actos multitudinarios.
Como respuesta a esta solicitud, el pasado 20 de abril, el secretario de la delegación general de la delegación del Gobierno en Madrid, Fernando Talavera, respondió que este departamento no había recibido ninguna comunicación sanitaria en el marco de la crisis generada por el covid-19 don fecha anterior al 14 de marzo -día de entrada en vigor del estado de alarma-, dando cuenta además de la falta de comunicaciones relativas a los posibles riesgos que pudiera representar la celebración de concentraciones masivas o multitudinarias en la vía pública.
Añadía el departamento de Franco que tampoco se habían recibido antes de esa fecha, por parte de ningún organismo oficial español o internacional dando instrucciones, recomendaciones o prohibiciones relacionadas con las manifestaciones programadas desde el 5 de marzo en adelante; ni tampoco haciéndoles ver que dichas manifestaciones tuvieran que celebrarse en todo caso.
Tras recibir esta respuesta, detalla el informe, la juez insistió el 21 de abril a la Secretaría de la Delegación del Gobierno sobre dos resoluciones concretas dictadas por la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y por la Consejería de Sanidad de fechas 5 y 6 de marzo que incluían la recomendación de evitar aglomeraciones y suspendían las actividades en centros de ancianos, entre otras medidas.
Finalmente, y tras varias respuestas reiterativas sobre la inexistencia de avisos antes del 14 de marzo, la Delegación del Gobierno terminó admitiendo que la resolución de la sanidad madrileña del 6 de marzo, publicada un día después en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM), le fue remitida ese mismo día, si bien no tuvo entrada y fue registrada hasta dos días después, el 9 de marzo, fecha posterior a la manifestación feminista. Apuntaron no obstante que el documento del día 5, denominado "Medidas de precaución relacionadas con el brote causado por el nuevo coronavirus COVID-19 en la Comunidad de Madrid", nunca les fue enviado.
Prevención de riesgos sí avisó
Esta respuesta contrasta con otras actuaciones recogidas en el informe en las que se constata que ya el propio 2 de marzo, a las 9:12 horas, desde la cuenta de correo electrónico del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno se remitió un correo con el título "Medidas de prevención frente al contagio de Coronavirus" con un archivo adjunto al conjunto de direcciones preconfigurada "M.todos personal delegacion Lista todos personal delegacion.madrid".
Dicho correo se corresponde con un documento de Servicio de Prevención Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno titulado "Información general sobre medidas preventivas básicas a adoptar en el enlomo laboral frente al nuevo coronavirus (SARS-cov-2), cuya primera versión es del 28 de febrero y se elaboró a partir de las recomendaciones sanitarias de las autoridades nacionales e internacionales".
En este documento se data el inicio de la infección a nivel internacional en diciembre de 2019, hace referencia al enlace de la página web del Ministerio de Sanidad donde diariamente se publican recomendaciones, medidas, informes ... sobre el COVID-19, se aportan datos concretos de formas de contagio y periodos de incubación, se aportan medidas preventivas para profesionales sanitarios, tales como el uso de mascarillas FFP2, se definen unas recomendaciones generales de higiene y prevención "basadas en las pautas oficiales de la OMS v del Ministerio de Sanidad", y hacen alusión a las recomendaciones de distanciamiento social recordando que "son más importantes las medidas higiénicas de lavado de manos y la distancia de seguridad que el empleo de mascarillas de forma indiscriminada".
Por todo ello, la Guardia Civil concluye que la Delegación del Gobierno tenía conocimiento, con anterioridad al 14 de marzo de 2020, de la crisis sanitaria COVID-19 al haberlos recibido directamente de otras administraciones públicas u organismos, o bien haberlos "tratado" internamente".
El informe de la Policía Municipal
Por otra parte, la Guardia Civil también ha analizado la documentación aportada a la causa por el Ayuntamiento de Madrid, de la que se desprende que la Policía Municipal, en relación a reuniones y manifestaciones celebradas entre el 5 y 14 de marzo de 2020, "tan solo" ha emitido informes de viabilidad relacionados con el tráfico de vehículos y peatones. (¿No se les caerá la cara de vergüenza? El Gobierno intentó suspender un acto religioso 48 horas antes del 8-M)
Ni Policía ni el SAMUR-Protección Civil instaron "en ningún caso la participación de algún servicio ordinario" o movilizaron "recursos sanitarios excepcionales", ni efectuaron "recomendaciones" sobre las reuniones y manifestaciones celebradas entre los días 5 y 14 de marzo de 2020", añade.
Finalmente, la Guardia Civil también ha analizado los mensajes difundidos a través de las cuentas oficiales de la Delegación del Gobierno y de su responsable, José Manuel Franco, en Twitter desde el 28 de febrero de 2020 hasta la declaración del estado de alarma. Los investigadores advierten de que en ambos casos no se registraron publicaciones sobre el covid-19 hasta el 10 de marzo.