El tema es serio. Existen sospechas de que el Govern de la Generalitat ha desviado fondos destinados a combatir el Covid-19 para que TV3, su tele, pueda pagar los 440.000 euros pactados a Jaume Roures por la emisión de su serial separatista 'El Judici'.
La pregunta de la diputada del PSC, Beatriz Silva, al Govern catalán ha sido clara. Quería saber si los 440.000 euros que ha pagado TV3 a Mediapro, la empresa de Jaume Roures, han salido de los fondos destinado por la Generalitat a combatir el Covid-19.
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Y Meritxell Budó, la consejera de Presidencia y portavoz del Govern, se ha salido por la tangente, sin responder a lo que se le preguntaba, lo que acrecienta la sospecha de uso fraudulento de dinero público a favor de Jaume Roures.
"Una serie que no responde a la pluralidad"
Silva ha hecho memoria y ha recordado que en el pasado ya se desvió "una partida de fondos covid" para TV3. Y ha acusado a TV3 de emitir, a precio de oro, una serie que "no responde a la pluralidad, porque en el último capítulo sólo se dedicó 8 segundos" a opiniones contrarias al Procés.
Recientemente ya se produjo otro escándalo en TV3 por un documental sobre Sandro Rosell que Vicent Sanchis, el director de la cadena, intentó parar por entender que no se daba voz a todas las partes implicadas, aunque luego se supo que lo que se pretendía evitar era una secuencia en la que Mediapro salía malparada por un caso de corrupción que la llevó a ser condenada por un tribunal de Estados Unidos.
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Budó se ha limitado a responder que "al Govern le toca garantizar que TV3 se basa en el modelo de independencia, de pluralidad y de profesionalidad". Y ha reivindicado la "libertad de información y no injerencia política" de TV3. Lo que viene a ser lo mismo que no decir nada y saltarse la respuesta a la pregunta directa que le habían formulado.
Aunque, eso sí, después de presumir de que TV3 es líder de credibilidad y de audiencia, ha reclamado que "no se minimice el trabajo que hay detrás de los ocho documentales sectarios que recogen dos años de investigaciones juidiciales y policiales, dos años de trabajo, 54 sesiones de vista oral en el Tribunal Supremo con más de 400 horas de emisión en directo y más de 30 entrevistas realizadas a todos los implicados en el procés".
Fracaso de audiencia
Lo que no dice Budó es que ese trabajo no lo ha realizado TV3, pese a su mastodóntico presupuesto, y ha debido ser comprado a un precio muy superior al que marcan las leyes del mercado para llenar los bolsillo de la empresa de Jaume Roures, aunque sea a costa de la salud de los catalanes.
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El resultado de la emisión del 'bienpagado' documental sectario de Jaume Roures no ha tenido la acogida que se esperaba para un producto de ese precio. Su último capítulo sólo congregó a 302.000 personas ante el televisor y no llegó a colocarse entre los cinco programas más vistos de la cadena en su día de emisión.