Lo que tienes que decirle a tu empresa si te quiere cambiar las condiciones de repente
Si te encuentras con una modificación de condiciones laborales tras las vacaciones, estos son tus derechos y opciones
Al regresar al trabajo después de las vacaciones, es posible que algunos empleados se enfrenten a la noticia de que la empresa tiene intención de modificar sus condiciones laborales. Estas modificaciones pueden incluir, por ejemplo, una reducción de la jornada laboral, lo que conlleva una disminución proporcional del salario. Ante este tipo de situaciones, la ley contempla varias opciones para el trabajador, incluida la posibilidad de rescindir el contrato con derecho a indemnización y prestación por desempleo.
Sin embargo, existe una alternativa menos conocida que puede ser crucial para proteger los derechos laborales en estos casos. Así lo ha explicado Luis Fernández Pallarés, abogado especializado en derecho laboral del despacho DCT Laboralistas, en una reciente publicación en redes sociales.
La reducción de jornada y sus implicaciones legales
En esta época del año, es común que muchas personas se encuentren con empresas que intentan reducirles la jornada laboral, lo que conlleva un salario menor. Según Fernández Pallarés, muchas veces las empresas presentan esta situación con una oferta aparentemente limitada: o se acepta la reducción, o se opta por dejar la empresa con una indemnización de 20 días por año trabajado. Esta medida se conoce como 'modificación sustancial de las condiciones de trabajo', y no solo afecta al salario, sino que puede incluir cambios como traslados a centros de trabajo lejanos o la conversión del contrato a fijo discontinuo.
La opción que pocos conocen
Cuando se produce un empeoramiento de las condiciones laborales, la normativa española permite al trabajador elegir entre aceptar el cambio o rescindir el contrato, con una indemnización de 20 días por año trabajado y el derecho a percibir el paro. Sin embargo, Pallarés señala que existe una tercera opción que a menudo no se comunica al empleado.
Para que la empresa pueda imponer estos cambios, debe justificar que existen razones objetivas, ya sean económicas o organizativas. Si no consigue demostrarlo adecuadamente, el trabajador no está obligado a aceptar las nuevas condiciones. En este caso, el despido sería considerado improcedente, lo que eleva la indemnización a un mínimo de 33 días por año trabajado. Según Pallarés, algunas empresas optan por ofrecer esta modificación en lugar de un despido directo para reducir costos.
¿Qué hacer ante esta situación?
El abogado recomienda que, en caso de encontrarse ante una modificación de condiciones no deseada, el trabajador acepte temporalmente el cambio, pero lo impugne ante los tribunales. Para ello, es esencial firmar el documento con la anotación “no conforme”, dejando constancia de que no se acepta el acuerdo, e iniciar el proceso de impugnación en un plazo máximo de 20 días hábiles.
Si la empresa no logra justificar adecuadamente el cambio ante el juez, el trabajador tendría derecho a recuperar sus condiciones laborales previas y a recibir el salario dejado de percibir durante el tiempo transcurrido. Pallarés subraya que esta opción no suele ser explicada a los empleados, lo que deja a muchos en desventaja frente a las tácticas empresariales.
¿Qué ocurre si la empresa justifica el cambio?
Si, por el contrario, la empresa consigue justificar legalmente la modificación de las condiciones laborales y gana el juicio, el trabajador todavía tiene una última opción: en ese caso, se abre un nuevo plazo de 15 días para optar por dejar la empresa con derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado y el acceso a la prestación por desempleo.
Es importante tener en cuenta que, mientras dure el proceso judicial, el trabajador estará percibiendo un salario menor. Además, es probable que sea necesario contratar los servicios de un abogado, lo que puede suponer un gasto adicional.
En definitiva, ante cualquier intento de modificación sustancial de las condiciones laborales, resulta clave estar bien informado sobre todas las alternativas legales y actuar en consecuencia para proteger los propios derechos.
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