Abogados para golpistas financiados con dinero público. ¡¡Lo último que faltaba por ver en Cataluña!!

  • Cataluña
  • 31-05-2020 | 08:05
  • Escribe: Redacción

JxCat, ERC y Podemos aprueban una modificación legislativa para cubrir jurídicamente a los líderes independentistas.


Actualmente, el foco de atención de la ciudadanía se encuentra fijo en la pandemia del coronavirus.

Después de casi tres meses de confinamiento y más de 27.000 muertes en toda España, el comienzo de la desescalada programa por Pedro Sánchez ha hecho que muchos ciudadanos centren sus pensamientos en llegar a la "nueva normalidad" cuanto antes.


Esto ha sido aprovechado por los líderes independentistas catalanes de la Generalitat para aprobar, según sus intereses, una nueva y polémica reforma legislativa en la ley de acompañamiento de presupuestos económicos.

También ha servido para que Podemos, cuya abstención era imprescindible, mande un nuevo guiño al independentismo, aprobando esta modificación de ley junto a JxCat y ERC.


Abogados públicos para los delincuentes independentistas

"El equipo de letrados de la Generalitat a partir de ahora estará obligado a prestar sus servicios a los funcionarios y cargos públicos de confianza, incluidos el presidente y los consejeros autonómicos, que estén involucrados en todo tipo de causas penales".

Así recoge esta modificación e-noticies; esta nueva reforma supondrá que, todos los políticos de la Generalitat que sean acusados de delitos como prevaricación, sedición o malversación, serán asistidos de forma gratuita por los abogados de la Generalitat.



Esto responde a "una modificación legislativa, introducida en la llamada ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos", es decir, una modificación que implica que este coste legal será soportado por los ciudadanos que aportan, con sus impuestos, el dinero necesario a las arcas de la Generalitat. (Esto es lo que ha dicho Torra sobre la bajada de pantalones de Pedro Sánchez ante ERC)

"Los abogados de la Generalitat pueden 'asumir la representación y defensa de los miembros del gobierno, los altos cargos y los funcionarios y empleados públicos de la administración de la Generalitat y de sus organismos, cualquiera que sea su posición procesal'".

 

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