El Gobierno de España sabe que necesita mantener el apoyo de las fuerzas nacionalistas catalanas para mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa hasta el final de la legislatura, dentro de dos años.
Algo que ha provocado que el socialismo de Sánchez no dude en aproba y conceder a los independentistas algunas de sus históricas premisas, siendo la primera de ellas la concesión de los indultos, y por tanto, la libertad, a los líderes del procés, condenados por el 1-O.
Ahora, ha sido José Luis Ábalos quien ha propuesto, este viernes, el siguiente paso a seguir desde el Ejecutivo nacional: "desempedrar" el camino en la negociación entre el Estado y la Generalitat, "normalizando" la deuda económica que dichos líderes tienen con las arcas públicas de la Generalitat, de cerca de cinco millones de euros.
Moncloa se desinfla con los indultos: "no hay garantía de éxito"
Cantidad estipulada por el Tribunal de Cuentas, organismo que actúa para que la Administración Pública, en este caso la Generalitat, recupere el dinero malversado por los independentistas excarcelados del procés. Una decisión judicial que ha sido criticada por Ábalos, que ha dejado entrever que esta sanción económica sería una nueva "piedra en el camino", y que el Gobierno podría estar dispuesto a retirarla para continuar sus negociaciones con los independentistas.
Ábalos desmiente así al propio Pedro Sánchez
No es la primera vez que el Gobierno de España decide criticar o ignorar las decisiones del Poder Judicial para satisfacer las demandas de los independentistas catalanes.
Y es que cabe recordar que los indultos a los líderes del procés, aprobados este pasado martes, contaban con el rechazo frontal del Tribunal Supremo, así como de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, sin que eso haya sido suficiente para que el Ejecutivo socialista diese un paso atrás.
Las promesas incumplidas del PSOE: el indulto es la punta del iceberg
Ahora, las palabras de Ábalos desmienten las palabras que el propio Pedro Sánchez publicaba en redes sociales en 2014, cuando aseguraba que desde la política socialista se debía "garantizar la independencia y autonomía del Tribunal de Cuentas", acabando con el "enchufismo y la endogamia".