A pesar de la brutal crisis económica que atraviesa el pais, y a pesar de la tendencia europea a rebajar los impuestos a sus ciudadanos, el Gobierno de España ha mostrado que su afán recaudatorio ahogará aún más a los españoles en este próximo 2022, con un aumento de impuestos generalizado que se sumará a la subida del precio de la luz, del IPC, del diésel, etc.
Subida de impuestos que, ahora, también podría afectar a las víctimas de accidentes de tráfico, las cuales podrían tener que pagar impuestos por las indemnizaciones que reciban.
Así lo estipula el anteproyecto de Ley de medidas de Eficiencia Procesal impulsado por el Ministerio de Justicia, que ya cuenta con el visto bueno del Consejo de Ministros, y que actualmente se encuentra en fase prelegislativa.
Un anteproyecto que hará que, para que una indemnización por accidente de tráfico esté exenta de tributar en el IRPF, deberá tener sentencia dictada por un juzgado, o que el pacto amistoso entre accidentados "se eleve a escritura pública" e intervenga "un tercero neutral", lo que podría aumentar los gastos del proceso.
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Condiciones que, de no cumplirse, obligarán al accidentado a pagar impuestos por el dinero recibido de la indemnización de la aseguradora, lo que ha hecho que las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico hayan elevado ya sus quejas al Ministerio de Justicia, así como a la Dirección General de Seguros.
"Una vez mas, el Gobierno recurre a una modificación legal en otro terreno para colarnos una medida de tipo recaudatorio" denuncian desde Anava-RC, la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil.
Un anteprojecto con afán recaudatorio
"El problema es que alguien ha leído 'compensanción patrimonial' y ha pensado directamente en recaudar más" ha lamentado Manuel Castellanos, presidente de la Anava-RC, que ha asegurado que este anteproyecto "muestra un desconocimiento absoluto de la Ley del Baremo de 2015, que establece que las indemnizaciones deben procurar el resarcimiento total de la víctima tras los perjuicios sufridos".
Es decir, que estas indemnizaciones, desde el punto de vista fiscal, "nunca se han considerado como un incremento del patrimonio, si no una compensación de las disminuciones sufridas a consecuencia del accidente"
"Es como si, en un seguro del hogar, se nos quema la cocina y teníamos contratada una póliza de 20.000 euros. Ese dinero que nos pagan nunca nos hará más ricos, es simplemente para que volvamos a tener cocina" ha explicado el presidente.
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Una situación que hará que, de aprobarse el anteproyecto, muchas víctimas de accidentes de tráfico busquen en los tribunales verse exentos de pagar los impuestos, lo que provocará "un desbocado aumento de litigios [...] cargando más si cabe a la ya desbordada Administración de Justicia".
Unas quejas ante las que el Ministerio de Justicia ha tenido que reconocer que la iniciativa aún se encuentra en fase prelegislativa, mostrándose abierto a modificar su contenido tras las quejas recibidas de las asociaciones.