Sociedad Civil Catalana (SCC) ha registrado esta mañana en el Tribunal de Cuentas una demanda contra once dirigentes independentistas del 'procés' a los que acusa de haber malversado 5.309.807,02 millones de euros en gastos relativos al referéndum ilegal del 1 de octubre y a la propaganda internacional para separarse de España.
Según Crónica Global, la lista de ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña está encabezada por el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, al que reclaman una cantidad de 3.303.000 euros por esos gastos relativos a todo lo ocurrido durante el 'procés' y el referéndum ilegal.
Los otros diez demandados son Oriol Junqueras (2.515.000 euros), Artur Mas (1.840.000 euros), Raül Romeva (617.000 euros), Dolors Bassa (1.301.000 euros), Francesc Homs (1.936.000 euros), Toni Comín (1.134.000 euros), Clara Ponsatí (900.000 euros), Jordi Turull (505.000 euros), Neus Munté (338.000 euros) y Lluis Puig (238.000 euros).
A todos ellos se les acusa, concretamente, de uso de locales públicos para la consulta ilegal, gastos de difusión e infrastructuras digitales para promoción del referéndum, encargo de papeletas, pagos de viajes a "observadores" de la consulta ilegal y contratos de lobbies para promoción de la causa independentista con el dinero de todos los ciudadanos, según la citada fuente.
Elda Mata, vicepresidenta de Acción Territorial y Judicial de SCC, ha explicado al Tribunal de Cuentas que actúan cumpliendo su "deber cívico" para "defender a los millones de ciudadanos que pagan sus impuestos y cumplen las leyes". Su objetivo es que los separatistas devuelvan el dinero de los catalanes que han utilizado para hacer propaganda de su causa.
"Durante años el gobierno catalán ha destinado millones de euros a acciones ilegales para las que no tenía competencia ni legitimidad. Pero se ha acabado el tiempo de la impunidad. A cada actividad ilegal responderemos con una acción judicial", ha añadido la Sociedad Civil Catalana.
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SCC se rebela contra los separatistas
Elda Mata, vicepresidenta de Acción Territorial y Judicial de SCC, ha añadido que una democracia moderna "no corresponde sólo a los poderes públicos velar por el buen uso de los fondos públicos". También consiste en que "la ciudadanía debe ejercer una labor de fiscalización activa del dinero que pagamos con nuestros impuestos".
La demanda la ha firmado el letrado Juan Chapapría, socio del Bufete Chapapría-Navarro & Asociado. Se ha encargado de la redacción y presentación ante el Tribunal de Cuentas de esta demanda con la que se reclama a los once ex líderes separatistas esos 5,3 millones de euros.