La Abogacía del Estado no cita en su escrito de acusación ante el Tribunal Supremo contra los líderes del 'procés' independentista en Cataluña la palabra "violencia" ni una sola vez, frente a la veintena de alusiones que hace la Fiscalía en su escrito a este término, imprescindible para poder acusar de rebelión.
Y ello pese a describir lo ocurrido durante los pasados septiembre y octubre de 2017 en Cataluña --especialmente el 20 de septiembre y el 1 de octubre-- como "ambiente crispado y hostil", "destrozos", "cortes de tráfico" y de afirmar que los responsables eran conscientes de que sus decisiones podrían provocar "altercados, tumultos y disturbios".
La Abogacía ve más malversación que sedición
Así se desprende de la lectura del escrito de la Abogacía del Estado, de 58 páginas, que se extiende mucho más en el delito de malversacion, que en el de sedición, que esta parte atribuye a varios de los procesados, entre ellos los exmiembros del Govern encabezados por su vicepresidente, Oriol Junqueras.
En la descripción de hechos, que concluye con una petición de condenas por sedición, se habla de los altercados ocurridos pero sin calificarlos de violencia en ningún momento, lo que hubiera obligado a pedir penas que llegarían al doble de los 12 años para Junqueras y 11 años y medio para exconsejeros y 8 para los líderes sociales Jordi Sánchez (Asamblea Nacional Catalana) y Jordi Cuixart (Ómnium Cultural) que se reclaman finalmente.
Así, al hacer constar lo ocurrido frente a la Consejería de Economía el 20 de septiembre, coincidiendo con un registro ordenado por el juez de Instrucción número 13 --que investiga la organización del referéndum ilegal--, el escrito de la Abogacía señala que "los acontecimientos se desarrollaron con la presencia de hasta 60.000 manifestantes en algunos momentos, que se agolpaban hasta empujar, y casi derribar, la propia puerta de entrada del edificio en un ambiente crispado y hostil".
No hubo refuerzo para los dos Mossos
Y ello, continúa el escrito, "bajo la sola protección de los dos Mossos d'Esquadra que diariamente se encargan de la vigilancia ordinaria en el acceso del edificio, quiénes no recibieron refuerzo alguno durante el día, salvo la llegada de unos agentes de mediación, pese a haber solicitado hasta en cinco ocasiones la presencia de Unidades especializadas".
Añade incluso la Abogacía que "la movilización impidió que la Guardia Civil pudiera introducir en el edificio a los detenidos (quienes debían estar presentes en el registro policial conforme disponen las leyes procesales) y que pudiera atender la orden judicial con normalidad". Además, subraya que los vehículos de la Guardia Civil, tres Nissan Patrol con distintivos oficiales (...) y cuatro vehículos camuflado (...) terminaron con importantes destrozos, interior y exteriormente".
Actos consentidos por Junqueras y Forcadell
En este punto, la Abogacía del Estado llega a decir que "estos actos fueron conocidos, consentidos y queridos por los restantes acusados, algunos de los cuales a lo largo del día se personaron en el lugar, tales como Oriol Junqueras o Carme Forcadell -presidenta del Parlament- , que en ningún momento instaron su desconvocatoria ni llamaron a la restauración del orden público ".
Añade el escrito que sobre las 23.41 horas, de ese 20 de septiembre ambos acusados Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, subidos sobre uno de los coches oficiales de la Guardia Civil, se dirigieron una vez más a los presentes: Cuixart manifestó hablar en nombre de las entidades soberanistas, así como del PDeCat, ERC y la CUP-CC, proclamando que "todos estaban alzados" para luchar por su libertad y manifestó que desde ese altar (en clara referencia al vehículo policial) Jordi Sánchez y él querían convocar a todos los asistentes a una movilización permanente en defensa de los detenidos, emplazándoles a una concentración que tendría lugar al día siguiente.
Llamadas a la población
El escrito describe otras llamadas a la población por parte de los dirigentes procesados. Así, describe que Oriol Junqueras el 27 de septiembre del pasado año se dirigió a los estudiantes diciéndoles que eran imprescindibles para implementar la República, añadiendo que "se trataba de una cuestión de democracia, derechos civiles y sociales" y que el país se sentía orgulloso de todos; Raül Romeva, desde Diplocat, invitó a 33 diputados de 17 países para hacer un seguimiento internacional del acto ilegal; Carme Forcadell recibió a aquella delegación en el Parlamento autonómico y declaró que "los Mossos d'Esquadra no aceptaban el control del Estado que ha ordenado la Fiscalía".
El texto de la Abogacía sigue describiendo como Joaquim Forn manifestó que "ante el discurso del miedo del gobierno español, nosotros decimos: votaremos el 1-O"; y añadió el día 27 de septiembre de 2017 que "la Policía y la Guardia Civil venían a Cataluña a alterar el orden y que todas esas salidas de policías desde lugares del Estado español como si fuesen a la guerra no iban con ellos"; Josep Rull el 21 de septiembre de 2017 manifestó que había impedido atracar un buque para alojar miembros de la Policía Nacional en la bahía de Palamós; Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, el 22 de septiembre de 2017, en diversos medios de comunicación audiovisuales y escritos llamaron a la movilización permanente; Jordi Turull comunicó que "el 1-O está en manos de la gente" y que "el 1-O nos jugamos la independencia".
También se cita como hecho a tener en cuenta que el día 21 de septiembre de 2017 se congregaron frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña unas 20.000 personas, convocadas por Jordi Sánchez y Jordi Cuixart en protesta por las decisiones judiciales adoptadas para impedir la celebración del referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y la acusada Carme Forcadell se dirigió a ellos en una alocución reclamando la libertad de los detenidos. En el cuartel de la Guardia Civil en Travesera de Gracia, lugar donde los detenidos estaban custodiados, se congregaron 300 personas que llegaron a cortar la circulación.
Concentraciones hostiles
Se añade que ese mismo día se produjeron concentraciones hostiles ante los cuarteles de Guardia Civil y Policía Nacional de Manresa, y se rodeó el cuartel de Sant Andreu de la Barca. En la Ciudad de la Justicia, cuando los detenidos fueron puestos a disposición judicial, se concentraron unas 2.000 personas, entre las que se hallaban los acusados Forcadell, Romeva, Junqueras y los hoy fugados Comín y Rovira.
También los animaron a que acudieran masivamente a votar -pese a la expresa y clara prohibición del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña- y a que protegieran después el recuento de los votos frente a las actuaciones. También los animaron a que acudieran masivamente a votar --pese a la expresa y clara prohibición del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña-- y a que protegieran después el recuento de los votos frente a las actuaciones que pudieran desarrollar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Después de estos "incidentes contra el orden públicos", la Abogacía incide en la llamada a través de los medios de comunicación para acudir a votar el día 1 de octubre, realizada por los miembros del Gobierno antes citados, y por Sánchez, Cuixart y Carme Forcadell, "con toda lógica se realizó con la plena consciencia de la consciencia de la ilegalidad del acto y de que con ello se podían producir altercados, tumultos y disturbios".
Concluye apuntando que, "como era previsible, en efecto, a lo largo de la jornada se produjeron actos de resistencia y desobediencia a los mandatos legítimos de la Fuerza Pública, y numerosas situaciones de tensión, disturbios y enfrentamientos".