Los expertos en Derecho Penal y Procesal afirman que los acusados por el 1-O que han sido electos en las elecciones del 28-A como diputados y senadores (Junqueras, Rull, Sànchez, Turull y Romeva) no pueden beneficiarse de la prerrogativa de inmunidad parlamentaria que contempla el artículo 71 de la Constitución.
Por lo tanto, añaden los expertos, no se puede aceptar la solicitud presentada por la defensa de los golpistas este miércoles en el Supremo para paralizar el juicio y que los cargos electos sean puestos en libertad para cumplir con sus funciones políticas.
Los juristas expertos mantienen que la doctrina del Constitucional limita el contenido de la inmunidad, y que en cualquier caso lo contempla para los ya parlamentarios que son susceptibles de ser inculpados o procesados, no para los que están en pleno procedimiento judicial, como es el caso de Junqueras y compañía.
La petición de los indepes
El tribunal que juzga el 'procés' independentista en el Tribunal Supremo ha dado un plazo de 24 horas a la Fiscalía y al resto de acusaciones personadas en la causa -Abogacía del Estado y acción popular ejercida por Vox- para que informen sobre la petición realizada este miércoles por las defensas de los cinco presos preventivos de la causa del 'procés' que han resultado electos en los comicios del 28 de abril, que solicitad su puesta en libertad "para ejercer con plenitud" las responsabilidades derivadas de su nueva condición de diputados.
Las defensas interesan también que se solicite permiso formal -suplicatorio- a las Cámaras para poder seguirles juzgando y, en consecuencia, que se suspenda el juicio mientras éste se tramita, un aspecto sobre el que también deberán pronunciarse el resto de partes.
Los escritos han sido presentados por el abogado Jordi Pina, que representa a los elegidos para el Congreso de los Diputados por JxCat Jordi Sánchez, Josep Rull, y Jordi Turull; y Andreu Van Den Eynde, que ejerce la defensa del elegido para la cámara baja Oriol Junqueras y del designado para el Senado Raül Romeva, ambos por ERC. (Puigdemont-Junqueras: Pelea de gallos por el liderazgo del independentismo)
La petición de suspensión de la vista vendría derivada de la tramitación del suplicatorio en las cortes que se constituyen el próximo día 21 de mayo. Así, para Pina, "la tramitación del suplicatorio no sólo suspende la tramitación de la causa penal sino que también obliga a revisar y dejar sin efecto las medidas cautelares que puedan limitar o condicionar el ejercicio del cargo, especialmente las que afecten a la libertad personal".
En su escrito, el abogado de Sánchez, Rull y Turull recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se refiere a la inmunidad parlamentaria, de forma genérica, respecto de posibles "procesos penales" que se puedan dirigir frente a los miembros de las Cámaras.
La petición también se fundamenta en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículos de 750 a 756) que según esta parte incluye una previsión específica respecto al procedimiento a seguir contra diputados o senadores que son proclamados electos "después de haber sido procesados", como es el caso.
"Este precepto no solo confirmaría la tesis de la extensión de la inmunidad a lo largo de todo el proceso judicial sino también la existencia de una obligación del Tribunal de poner en conocimiento de las Cámaras la existencia de una causa penal que pueda afectar a un Diputado o Senador electo", añade su escrito.