El fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza ha comenzado su exposición en la segunda jornada del juicio contra el 'procés' haciendo un firme alegato en defensa del Tribunal Supremo frente a los argumentos de las defensas de los doce independentistas que están siendo juzgados, asegurando que "parecen auténticos libelos acusatorios basados en una versión distorsionada de la realidad", dirigidos a desprestigiar a la justicia española y, por ende, a "cuestionar la calidad democrática de nuestro estado de derecho" e intentando "sentar al Estado en el banquillo" de los acusados.
"Juicio en defensa de la democracia"
Así, ha defendido que este "es un juicio en defensa de la democracia" y de la Constitución "que garantiza los derechos de todos los que formamos parte de este país". (¡¡¡Ven el juicio perdido!!! Comín llama a preparar ya el recurso a Estrasburgo)
Zaragoza, uno de los fiscales presentes en la vista junto a su compañero Fidel Cadena, ha realizado estas consideraciones antes de argumentar su impugnación a todas y cada una de las cuestiones previas expuestas ayer por los abogados de los encausados, que jugaban así su última carta para conseguir la nulidad del procedimiento, consistentes en denunciar vulneraciones de derechos fundamentales durante la instrucción del proceso.
"Transformar en víctimas a quienes han fracturado el orden constitucional y sentar en el banquillo al Estado"
A juicio de Zaragoza, las defensas utilizaron este trámite legal de cuestiones previas para "transformar en víctimas a quienes han fracturado el orden constitucional y sentar en el banquillo al Estado", que en este asunto no ha hecho más que "restaurar el orden político mediante el único instrumento en una sociedad democrática, que es la aplicación de la Ley". (Desmontamos las 7 patrañas del juicio al Procés)
El representante del Ministerio Público ha defendido igualmente la imparcialidad e independencia de los siete magistrados del Supremo que juzgan este asunto "con independencia de lo que se diga a extramuros" de este tribunal de Justicia.
"Unos días atrás la editorial de un medio decía que no se juzga a dirigentes que reclamaban libertades, sino a dirigentes que querían arrebatarlas", y en este sentido ha subrayado que cuando se pretenden ejercer derechos políticos al margen de la Ley "no solo no hay lesión de esos derechos, sino que se vulneran los derechos del resto de los ciudadanos".
"El 62% de catalanes respalda a la democracia española"
En este punto a aludido a "esa mayoría social silenciosa de Cataluña, un 60 por ciento del censo electoral, que no participo en el referéndum ilegal del 1-O, así como al ataque a la soberanía nacional que reside en la totalidad del pueblo español.
Así, reprocha a quienes dicen que este iba a ser un juicio a la democracia porque "es un juicio en defensa de la democracia española y del orden constitucional que consagró la constitución de 1978", que en Cataluña tuvo el respaldo del 62 por ciento del censo electoral. (En directo: El juicio contra los líderes del 1-O, al minuto)
El fiscal acusa al tribunal alemán de intromisión
Javier Zaragoza también ha acusado al tribunal alemán de Schleswig-Holstein, que rechazó entregar al expresidente catalán Carles Puigdemont por el delito de rebelión, de "intromisión en la jurisdicción española" al entrar a valorar los hechos por los que estaba imputado.
Zaragoza, que se ha mostrado muy contundente en toda su intervención, no ha evitado opinar sobre la decisión que tomaron los magistrados alemanes el pasado mes de mayo y que ha impedido que el expresidente catalán esté sentado en el banquillo de los acusados del juicio que empezó ayer en el Tribunal Supremo.
El instructor de la causa, el magistrado Pablo Llarena, considera a Puigdemont líder de la rebelión que se habría producido en Cataluña en 2017 y, sin embargo, de momento el expresident no será juzgado con el que fuera su vicepresidente, Oriol Junqueras, el otro considerado como máximo responsable de los delitos que hoy se juzgan.
En opinión del fiscal Zaragoza, el tribunal alemán, que rechazó la entrega de Puigdemont tras pasar éste dos meses detenido en ese país, actuó "incumpliendo palmariamente" el reglamento de la orden europea de detención, ya que "asumió las funciones de enjuiciamiento".
"El tribunal alemán entró a valorar cuestiones, asumió las funciones de enjuiciamiento y se produjo una intromisión en la jurisdicción de los tribunales españoles. Si esta decisión la hubiese tomado un tribunal español, habría sido declarada causa de nulidad de pleno derecho", ha explicado.