El Gobierno español cree que los mecanismos de la ONU sobre Derechos Humanos, como el Grupo de trabajo que ha tildado de "arbitraria" la prisión de tres presos del 'procés', "necesitan ser mejorados", porque son mecanismos "que están deslegitimando el trabajo de la ONU de proteger los Derechos Humanos", ha afirmado la secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano.
"Estos mecanismos, desde la colaboración, desde una crítica leal y constructiva, necesitan ser mejorados", ha dicho Lozano con motivo del informe del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias que directamente reclama la liberación de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras.
"Se han dejado intoxicar"
En su opinión, estos mecanismos, en su forma actual, "pueden ser utilizados fácilmente para fines espurios", cuando en realidad "en un asunto tan serio como los derechos humanos no pueden ser que se dejen intoxicar". Así, "Exteriores entiende que para que cumplan mejor su función deben ser mejorados". "Queremos que la ONU proteja de verdad a la gente vulnerable", ha resumido.
Lozano ha dejado claro que España es "hiperrespetuosa" con el sistema de Derechos Humanos de la ONU y, de hecho, es uno de los países que tiene abierta una invitación permanente a todos estos procedimientos para que hagan visitas a España.
Sus palabras suponen, en todo caso, una posición nueva por parte del Gobierno español, que ahora está examinando posibles opciones de cómo proceder después de este informe sobre los tres procesados.
Los Grupos de Trabajo son uno de los tres "procedimientos especiales" de la ONU para Derechos Humanos --los otros son los relatores especiales y los expertos independientes-- y Lozano ha querido distinguir entre estos mecanismos y otros como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), formado por "jueces profesionales, con rigor y solvencia".
En el informe de este grupo de trabajo, ha avisado, "ni siquiera hace falta argumentación jurídica". De hecho, ha remarcado que el informe demuestra "un desconocimiento de la situación" y está "lleno de inexactitudes y de omisiones".
Campaña de desinformación independentista
Entre otras cosas, ha destacado que no se menciona el delito de malversación, ni la situación por la que pasó la secretaria judicial los que acudió a la Consejería de Economía los días 20 y 21 de septiembre, ni la sesión parlamentaria del 7 de septiembre en la que se aprobaron las llamadas 'leyes de desconexión'. Además, ha señalado que el Abogado del Estado envió como alegaciones un documento de 55 páginas, que en el informe final el Grupo de trabajo queda reducido a solo dos.
Eso sí, cree que era "previsible" que los independentistas acabasen por encontrar "un resquicio" para difundir sus tesis, porque "han llevado a cabo una campaña de desinformación por todos los medios posibles", y el grupo es "víctima de esta campaña de desinformación".
El resultado, ha opinado, es "una falta de respeto al Estado de Derecho" español, entre otras cosas porque, al reclamar la liberación de los presos, pide al Gobierno que se entrometa en lo que corresponde al Poder Judicial y porque "roza la interferencia en un proceso judicial en curso".
El informe reclama la libertad de Cuixart, Sànchez y Junqueras
El Grupo de Trabajo ha dictaminado en su informe que la privación de libertad de Cuixart, Sànchez y Junqueras es "arbitraria" y le pide al Gobierno que les ponga "inmediatamente en libertad" y les conceda "derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación".
Reclama, también, una "investigación exhaustiva" y remite el caso a los relatores especiales de la ONU sobre derecho a la libertad de reunión y sobre derecho a la libertad de opinión y expresión. Además, da un plazo de seis meses para que tanto el Gobierno español como los denunciantes informen de si se han tomado estas medidas: libertad, indemnización, investigación de la "violación de sus derechos" y aprobación de leyes para que España se ajuste a lo que dice el grupo de trabajo.
El informe asume la totalidad de las denuncias de los tres procesados y considera que no ejercieron violencia ni incitaron a ella, sino que ejercieron su libertad de expresión.
Los detuvieron por expresar su opinión (?)
En ausencia de violencia, dice, el Grupo de Trabajo está convencido de que "las acusaciones penales en su contra tienen por objeto coaccionarlos por sus opiniones políticas", "inhibirlos de continuar con esa pretensión" y "justificar" una detención que, a su juicio, se debe solo al "ejercicio de derechos a la libertad de opinión, expresión, asociación, reunión y participación política".
También asume que las declaraciones de altos responsables del Gobierno "que condenaron abiertamente a los acusados antes de la sentencia" vulneran su presunción de inocencia. Se refiere directamente a la entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
El Grupo ignora las alegaciones del Gobierno que, entre otras cosas, subraya que solo el Poder Judicial puede vulnerar esa presunción y que España es un Estado de Derecho con separación de poderes, de manera que las declaraciones de miembros del Poder Ejecutivo no son relevantes ni hay indicios de que influyesen.
Por otro lado, considera que tampoco se ha respetado su derecho a ser juzgados por un tribunal competente e imparcial, porque asume que debieron ser juzgados en Cataluña y que tampoco tuvieron tiempo suficiente para preparar su defensa.
El informe asume también la alegación de que organizar referendos está despenalizado en España y opina que "la libertad de opinión y de expresión comprende la posibilidad de manifestar la forma en que los pueblos pueden determinar libremente su sistema político, su constitución o gobierno" y que "los pueblos gozan del derecho a determinar libremente su condición política y del derecho a elegir la forma de su constitución o gobierno".
Los grupos de trabajo son uno de los tres tipos de "procedimientos especiales" con que cuenta el Consejo de Derechos Humanos para estudiar una situación concreta (los otros dos son los relatores especiales y los expertos independientes).
Decisiones no vinculantes
Cualquier persona puede enviarles un escrito si cree que hay una situación no conforme con el Derecho Internacional en su ámbito, aunque sus decisiones no son vinculantes. A diferencia del Comité de Derechos Humanos de la ONU, los grupos de trabajo admiten asuntos aunque no hayan agotado los recursos en el ámbito de su país de origen.
Este grupo está presidido por el mexicano José Antonio Guevara Bermúdez y los demás miembros son la australiana Leigh Toomey, Elina Steinerte (Letonia), Seong-Phil Hong (Corea del Sur) y Sètondji Adjovi (Benin). Guevara Bermúdez, con una larga experiencia en asuntos de Derechos Humanos en su país, es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid.
Como presidente de este grupo de trabajo de la ONU, fue uno de los cuatro expertos que, el 4 de octubre de 2017, tres días después del referéndum de independencia declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, pidió al Gobierno español diálogo y le instó a "respetar plenamente los derechos humanos fundamentales, incluidos los derechos a la libertad de reunión y asociación pacíficas, la participación en los asuntos públicos y la libertad de expresión".
Los expertos, si bien reconocieron que el referéndum había sido declarado ilegal y la Policía intentaba frenarlo, se declararon "perturbados por la erupción de violencia" del 1-O y pidieron que se investigase "por qué cientos de personas que protestaban pacíficamente o trataban de votar y manifestar sus opiniones, al igual que algunos agentes de policía, resultaron heridas".