El Gobierno ha tildado de "despropósito" la carta que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha dirigido al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, instándole a que pida a la Fiscalía que reclame la libertad de los presos del 'procés' después de que uno de los Grupos de trabajo de la ONU calificase de "arbitraria" la prisión preventiva de tres de ellos.
Así se ha pronunciado la portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, debido a que la situación procesal de los dirigentes catalanes juzgados por su papel en la organización del referéndum del 1 de octubre es una cuestión que "está a cargo" del poder judicial.
En la misiva remitida a Sánchez, Torra le exige liberar a los presos soberanistas a través de la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado para cumplir el informe del grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, que pide la liberación inmediata de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez y Oriol Junqueras.
La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado que es el Tribunal Supremo el que determinará si los políticos juzgados por el proceso independentista en Cataluña vuelven a cárceles de esta comunidad cuando acabe la vista oral, a la espera de sentencia, y ha añadido que "el Ejecutivo no tiene competencia al respecto".
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y preguntada al respecto, la portavoz ha situado en el Supremo la decisión. "Estaremos a lo que diga", ha asegurado sobre la posición del Gobierno.
Fuentes del Gobierno han explicado que se confía en que una vez visto el caso para sentencia, el Tribunal Supremo aclare si precisa que los presos permanezcan cerca o no, si pueden esperar el fallo fuera de Madrid, y que será ese el momento de tomar decisiones.
El traslado de los presos
Es previsible que el traslado a cárceles de Cataluña sea solicitado por las defensas de los procesados una vez que el caso quede visto para sentencia.
Los abogados solicitaron ya el año pasado al juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, el traslado a cárceles próximas a sus casas mientras se producía la instrucción.
Llarena dejó entonces la decisión en manos de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, que acordó el traslado a cárceles de Cataluña de los presos. Posteriormente, ante el comienzo del juicio oral, el Tribunal Supremo requirió su traslado de nuevo a Madrid, donde permanecen.
La portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, ha asegurado este viernes que los presos independentistas "tienen derecho a estar cerca de sus casas" y que cuando finalice el juicio del Tribunal Supremo, solicitarán que vuelvan a prisiones catalanas para poder estar cerca de sus familias. Considera que esto es lo que establece la ley y que es la manera de "minimizar el daño que se está causando a estas familias".