La Justicia belga celebrará el próximo 20 de febrero una nueva vista sobre la demanda civil por la que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros pretenden que el juez que les ha investigado por rebelión en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sea condenado a indemnizarles con un euro simbólico por su supuesta falta de imparcialidad.
El juzgado civil francófono de Bruselas que lleva el caso ha fijado para esa fecha la próxima vista tras concluir los plazos para el intercambio de alegatos escritos entre las partes, según han informado fuentes de la defensa de Puigdemont. Las fuentes aclaran que no esperan que en dicha vista el tribunal tome una decisión y estiman que el fallo podría demorarse un mes.
El caso se remonta a junio de 2018, cuando Puigdemont y los exconsellers denunciaron ante los tribunales belgas que la instrucción llevada a cabo por Llarena supuso una vulneración flagrante de su presunción de inocencia y de la libertad de acción política y pidieron una compensación de un euro simbólico.
La demanda se amplía al Reino de España
Ya en marzo de este año, la defensa de los políticos independentistas amplió la demanda para incluir al Reino de España, un movimiento que con el que aspiran a impulsar que el caso llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En las vistas preliminares del caso, la defensa de Llarena cuestionó la jurisdicción de las Cortes y Tribunales belgas y solicitó además que España pudiera personarse en la causa, una petición que prosperó y que los abogados de Puigdemont y de los otros cuatro políticos catalanes huidos con él a Bélgica han interpretado como una oportunidad para demandar también al Reino de España e invocar el derecho europeo.
Los demandantes acusan también al Reino de España de cometer "violaciones sistémicas" del derecho europeo contra la "minoría catalana, sus movimientos políticos que buscan la independencia regional y sus representantes, en violación de los principios que residen en el Estado de derecho".
También cuestionan la inmunidad de jurisdicción que alega España para pedir que el fondo de este caso no sea examinado en los tribunales belgas y sostienen que se han violado varias directivas europeas que afectan a los procesos penales, además de atentado a los derechos fundamentales de los líderes independentistas.