La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ultima un informe sobre presuntas irregularidades comidas por Puigdemont durante los años que fue alcalde de Girona (2011-2016).
Concretamente, las diligencias de Hacienda investigan al expresidente de la Generalitat por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Hacienda podría poner fin a la fuga de Puigdemont en Bélgica exigiendo su extradición a España por haber comprado irregularmente una colección de arte con dinero del contrato municipal de agua.
La compra de un fondo de arte con valor de 3,9 millones de euros con dinero de una concesión municipal del suministro de agua apunta que Puigdemont incurrió en los delitos de prevaricación y malversación, según fuentes cercanas al caso.
Estos supuestos delitos obligarían a Bélgica a entregar a Puigdemont a la Justicia española. (Puigdemont intentó 'fichar' al Papa Francisco para su causa separatista)
Vía para la extradición
Las diligencias del Juzgado de Instrucción número 2 de Girona, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ponen en un aprieto a los abogados de Puigdemont y su estrategia para mantenerlo alejado de España.
La juez que lleva el caso podría solicitar la extradición automática de Puigdemont por corrupción.
Los presuntos delitos de prevaricación y malversación podrían hacer regresar a España a Puigdemont, que al pisar territorio español podría ser acusado también por los delitos cometidos durante el procés.
Curiosamente, esta causa sobre los supuestos delitos de Puigdemont durante su época en la alcaldía de Girona se inició en 2016 tras una querella que interpuso la CUP.